La crisis de la vivienda en Canarias no se resolverá solo con decretos ni con planes incluidos en leyes; necesita de una administración que actúe con eficiencia y coherencia, especialmente en los ayuntamientos que concentran más presión residencial. El caso de Granadilla de Abona -donde la norma de agilización no se aplica pese a la urgencia social, la demanda acumulada y las herramientas disponibles- es un síntoma preocupante de que la incapacidad institucional puede ser, en sí misma, uno de los mayores obstáculos para asegurar el derecho a la vivienda.
El municipio que se niega a avanzar
Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, es hoy -según asociaciones empresariales- el municipio más colapsado de Canarias en la tramitación de licencias para construir vivienda. En un territorio ya saturado por la presión demográfica, la demanda residencial y las limitaciones del mercado, el ayuntamiento granadillero ha adoptado una postura paradójica: ha aprobado en pleno municipal no acogerse a las disposiciones del decreto autonómico que agiliza trámites.
Este rechazo no tiene contrapartida técnica ni jurídica clara: las normas son de obligado cumplimiento y buscan precisamente facilitar trabajo y vivienda. Para el sector, esta negativa solo puede explicarse por intereses políticos o por una gestión interna incapaz de adaptarse a procedimientos más eficientes. Es, en sus palabras, un caso “caótico e inexplicable” que se da en uno de los municipios donde la vivienda está más tensionada en todo el Archipiélago.
El impacto económico de este atasco administrativo es profundo. No solo se retrasa la construcción de vivienda nueva —clave para aliviar la presión del mercado—, sino que se disuade la inversión y se penaliza la actividad de constructoras, promotoras y autónomos del sector.
Desde las asociaciones empresariales se señala que la incapacidad de algunos consistorios para adaptarse a los instrumentos legales actuales no solo frena la construcción de vivienda, sino que se traduce en mayores costes para las familias, en la pérdida de competitividad de Canarias como mercado productivo y en un endurecimiento aún mayor de las condiciones laborales y económicas de sus ciudadanos.
El decreto de agilización: prometido, pero no aplicado
Frente a esta emergencia habitacional, el Gobierno de Canarias aprobó en 2025 un decreto para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, con el objetivo de reducir plazos administrativos de hasta dos años a seis meses y facilitar la construcción de viviendas. Este decreto fue fruto de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo regional y los agentes socioeconómicos, incluyendo al sector de la construcción, que lo reclamaba desde hace años como herramienta clave para destrabar la inversión y aumentar la oferta de vivienda. Sin embargo, a pesar del apoyo institucional y sectorial, la inmensa mayoría de ayuntamientos no están aplicando estas normas de simplificación, incluso cuando son ellos mismos los puntos de mayor congestión administrativa. Y ahí es donde emerge con especial crudeza el caso de Granadilla.
La Comisión Europea ha alertado de que la burocracia excesiva en la concesión de licencias de construcción es un factor clave que limita la oferta de vivienda en toda la UE y recomienda agilizar estos trámites para añadir cientos de miles de viviendas al mercado cada año.
En España, la actividad constructora y la creación de hogares no están siendo suficientes para compensar la creciente demanda, lo que empuja los precios al alza y dificulta, especialmente a las generaciones más jóvenes, el acceso a un bien que debería ser básico
Un bloqueo que no se entiende
La crisis de la vivienda en Canarias no se resolverá solo con decretos ni con planes incluidos en leyes; necesita de una administración que actúe con eficiencia y coherencia, especialmente en los ayuntamientos que concentran más presión residencial.
El caso de Granadilla de Abona -donde la norma de agilización no se aplica pese a la urgencia social, la demanda acumulada y las herramientas disponibles- es un síntoma preocupante de que la incapacidad institucional puede ser, en sí misma, uno de los mayores obstáculos para asegurar el derecho a la vivienda.
Mientras tanto, jóvenes que no pueden emanciparse, familias desplazadas por los altos precios y miles de viviendas esperando un permiso que nunca llega siguen viendo cómo la solución se queda atascada en los despachos municipales, con consecuencias económicas y sociales que se agravan día a día.
Las Islas Canarias atraviesan una crisis estructural de vivienda que no solo afecta a miles de hogares, sino que pone en duda el derecho básico a una vivienda digna para jóvenes y familias con menos recursos. Aunque buena parte de España enfrenta tensiones similares en su mercado residencial, en el Archipiélago este problema tiene un carácter agudo: la oferta de vivienda crece a un ritmo muy inferior al de la demanda, los precios se disparan y, en muchos casos, la propia administración local se ha convertido en el mayor obstáculo para la construcción de nuevas viviendas.
Para las asociaciones empresariales del sector de la construcción en Canarias, la raíz del problema no está en la falta de suelo o de interés empresarial, sino en una parálisis administrativa que mantiene atascados más de 25.000 hogares listos para construir a la espera de licencias municipales.
En el conjunto de las islas, ese cuello de botella es tan grave que, según la Federación Canaria de Municipios (Fecam), los plazos para conceder permisos de obra se alargan varios años, cuando la ley establece un máximo de tres meses para licencias urbanísticas.
Crisis estructural, precios en alza y déficit de viviendas
Los datos macroeconómicos confirman lo que viven los canarios a pie de calle: la vivienda se ha encarecido de forma persistente y sostenida. En el conjunto de España, los precios de la vivienda aumentaron un 12,2 % en el primer trimestre de 2025, el mayor repunte en casi dos décadas, mientras que en Canarias el crecimiento de los precios ha sido especialmente intenso, con tasas interanuales de alrededor del 11,6 % en vivienda nueva y usados.
Esa escalada se produce en un contexto de oferta menguante: en el último año el número de viviendas disponibles en los portales inmobiliarios del Archipiélago cayó cerca de un 13 %, lo que intensifica las tensiones en el mercado.
El déficit de viviendas también es numérico y evidente: uno de los informes más recientes sitúa en casi 19.700 viviendas la brecha entre la oferta y la demanda real en Canarias
La juventud, sacrificada
Las consecuencias sociales de este desequilibrio son profundas, especialmente para los más jóvenes. Según datos del Observatorio Canario de la Emancipación, solo el 15 % de los jóvenes canarios entre 16 y 30 años logra emanciparse, la tasa más baja de los últimos años, debido al elevado coste de la vivienda (tanto en alquiler como en compra) y a su escasez.
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