Ha sido una auténtica pesadilla, no solo para la familia propietaria del establecimiento sino también para los vecinos del lugar ante el foco de delincuencia generado por la okupación de un hotel de cuatro estrellas en el término municipal de Adeje llamado Grand Callao (antes denominado Callao Sport) y ubicado en la localidad de Callao Salvaje.
Lo peor es que la pesadilla en cuestión se ha prolongado nada menos que durante los diez meses transcurridos desde el pasado mes de febrero, cuando aproximadamente medio centenar de intrusos irrumpieron en el lugar y tomaron posesión ilegal del mismo, aprovechando que el negocio llevaba cerrado desde la pandemia, hacía ya cuatro años.
Todo terminó ayer, al menos respecto a la okupación, gracias al decidido impulso que le ha dado a este procedimiento la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que hace un mes dio la fecha del 10 de diciembre de 2025 como última jornada para abandonar el lugar,
En consecuencia y para garantizar el cumplimiento del referido mandato judicial, un notable despliegue se activó ayer bajo la dirección de la Guardia Civil y en el que también participaron miembros de la Policía Nacional, Policía Canaria y Policía Local. Reseñar igualmente la presencia de agentes de la Gendarmería rumana que están en la Isla por mor de los acuerdos de colaboración existentes.
Lógicamente y dado que han tenido un mes de plazo para irse, el desalojo transcurrió sin más incidente que una fogata declarada en el interior del hotel a primera hora y que fue sofocada al poco por los propios okupas. La tranquilidad fue la tónica imperante y ninguno de los poco más de una docena de personas que abandonaron el lugar fue detenido.
Entre ellos llamaron la atención tres personas de origen subsahariano que, simplemente, ni se habían enterado de que ayer era el día del desalojo. Precisamente, una de las labores policiales que se llevaron a cabo ayer fueron controles efectuados por agentes especializados en tareas de Extranjería.
De la normalidad que presidió el desalojo velada en este sentido da cuenta que hasta algunos agentes ayudaron al acarreo fuera del hotel de bultos personales de desalojados que no podían cargar con los mismos.
Para quien no resultó tan plácido el día fue para la administradora única de Construcciones Domasa SA -empresa propietaria del hotel-, Margarita Domínguez, quien pudo comprobar de primera mano lo deplorable del estado en que han quedado sus instalaciones tras los vandálicos actos llevados a cabo en el mismo desde el pasado febrero. Sin duda, el más grave acaeció el pasado 14 de julio de 2025, cuando un incendio intencionado dejó a dos hombres con quemaduras de gravedad e intoxicación por humo, uno de ellos en estado crítico.
Claramente afectada, Domínguez detalló ayer a los numerosos medios desplazados al lugar que “sabemos que han vendido maquinaria y muebles por Internet, así como que han alquilado habitaciones a otras personas incluso hasta por 3.000 euros. Lo que hemos encontrado es dantesco”.
Además, la propietaria reconoció que llegaron a entablar negociaciones con los okupas que llegaron a convertir este lugar en la sede de lo que todo apunta a que era una organización criminal, y que durante las mismas exigieron, a cambio de irse, no solo el pago de 250.000 euros sino una alternativa habitacional a la que ellos mismos tenían que dar el visto bueno previamente, para lo cual enviarían a una persona a modo de inspector que les garantizase condiciones aceptables para ellos. Obviamente, ni Domínguez ni su familia aceptaron trato alguno, y menos en semejantes condiciones.
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Adeje detallaron ayer a este periódico que desde dicha corporación local se ha hecho un seguimiento de este caso para detectar la posible presencia de personas vulnerables, por cuanto es sabido que la okupación es un fenómeno que abarca tanto a delincuentes que pretenden aprovecharse de la propiedad ajena como a víctimas de la especulación habitacional, y que como todo el mundo sabe ha llegado a niveles insoportables para decenas y decenas de miles de canarios en la actualidad.
En concreto, el Ayuntamiento ha asistido a poco más de media docena de personas, detallaron las fuentes, y por distintas razones, entre las cuales estaba, claro está, la presencia de niños y niñas. En casi todos los casos, añadieron, solo tuvieron que proceder a facilitar su reubicación dado que estaban empadronados en otros municipios de la Isla.
Desde el Ayuntamiento de Adeje mostraron su satisfacción por la resolución de este conflicto gracias al desalojo.
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