Representantes de Asamblea7Islas y la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacitados presentaron ayer más de 13.000 firmas en el Parlamento para exigir al Gobierno que arbitre “soluciones urgentes” para acabar con los pacientes con alta sanitaria que permanecen en los hospitales públicos.
Defendieron priorizar y agilizar la creación de más plazas sociosanitarias, incluso a través de una reforma legislativa, tanto en forma de residencias como centros de día y unidades de media estancia. Cifraron en más de 500 los pacientes con alta sanitaria que permanecen en los hospitales públicos y otros 500 en centros concertados.
Solicitaron el “desarrollo urgente” de un plan de transición hospitalaria, con protocolos de derivación; la creación de unidades de cuidados prolongados o convalecencia dentro de los hospitales o contando con su colaboración, el impulso a una atención domiciliaria integral y mejorar la coordinación entre administraciones.
Octavio Sánchez recalcó en el “coste brutal” para el sistema sanitario albergar a estas personas -135 millones de euros al año-, un “problema crónico que va más” cuando hace algunas décadas era “residual” que se dejaran familiares en Urgencias.
Apuntó que estas personas “no tienen un entorno adecuado” porque en un hospital solo se ofrece atención sanitaria y “pasan el día en la habitación, en su cama”, en algunos casos “meses y años”. “Es triste pasar por esos pasillos, ver estos pacientes quejándose, solos”. El personal “lleva bastante mal esta triste situación”, recalcó.
Sánchez se mostró “crítico” con la gestión de la Consejería de Bienestar porque “si la política social fuera buena, no existiría este problema”, ya que las familias tendrían apoyos para cuidar a sus familiares en casa. “No tenemos residencias públicas, no tenemos centros de día donde dejar a un familiar, ir a trabajar, volver por la tarde y llevarlo a casa”, lamentó. No entiende que se “parchee” con ayudas de “400, 500 y 600 euros” o apoyos durante “dos o tres horas que no se resuelven las necesidades de las familias”.
Por su parte, María Rosa Pulido, de la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas, denunció la “dejadez de las instituciones” con las personas dependientes, pues muchas se encuentran “desatendidas”. Recordó que la lista de espera ya llega a las 25.000 personas, y solo en lo que va de año, más de 2.000 personas han fallecido, y 15.000 personas esperan por una PIA.
No entiende que desde el Gobierno “se trate de desinstitucionalizar la dependencia” cuando los domicilios “no están adaptados” y el servicio de teleasistencia no está activado. Exigió “agilidad en la ley de dependencia y un nuevo modelo de residencias”. Aboga por residencias pequeñas en el entorno próximo para que puedan acompañarlos sus familiares, así como más gericultores y técnicos sociosanitarios para los residentes “con formación específica y cualificados”, con sueltos y condiciones de trabajo dignas, y con ratios suficientes, dependiendo del tipo de grado y de las necesidades específicas de los residentes.
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