La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha abierto la consulta pública del anteproyecto de la Ley de Montes, que se mantendrá activa hasta el próximo 26 de enero.
En un comunicado remitido a los medios ayer, el Ejecutivo regional ha señalado que se trata de un hito en la tramitación de la que será la primera norma autonómica específica para la protección y gestión de los montes del Archipiélago.
Al respecto, el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, subrayó que “este nuevo trámite viene a reforzar nuestro compromiso con una ley construida desde la escucha, el consenso y la participación activa de la sociedad canaria”, aseguró el consejero.
También recordó Hernández Zapata la elevada implicación registrada en la fase de consulta pública previa, en la que se recibieron cerca de trescientas aportaciones procedentes tanto de particulares, como de asociaciones, de las administraciones públicas, los colegios profesionales, una universidad, así como desde el sector empresarial, que aportó su visión y sus ideas.
Además, insistió en que Canarias es una de las pocas comunidades autónomas de España que aún carece de una Ley de Montes autonómica, rigiéndose todavía por la normativa estatal, circunstancia que hace que sea prioritario contar con una ley específica que contemple y atienda sus singularidades.
“Dotarnos de un marco legal propio no solo responde a un derecho recogido en nuestro Estatuto de Autonomía, sino a una necesidad urgente para adaptar la gestión forestal a las singularidades de nuestro territorio”, afirmó el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata.
El anteproyecto de Ley
Por su parte, el anteproyecto de ley incorpora medidas específicas acordes a las características del Archipiélago canario, entre ellas la compleja orografía, el fraccionamiento territorial, el abandono del medio rural o la continuidad vegetal que favorece la propagación de incendios forestales.
Asimismo, el texto abordará aspectos clave como son la gestión forestal sostenible, la protección del patrimonio forestal público, los aprovechamientos forestales, así como los usos del monte, los catálogos de montes públicos y privados, la restauración tras los incendios y la promoción de paisajes más resilientes frente a los efectos del cambio climático.
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