El 1 de enero de 2026 entrará en vigor un conjunto de cambios normativos impulsados por la Dirección General de Tráfico (DGT) que modifican aspectos clave de la circulación tanto en vías urbanas como interurbanas.
Aunque la obligatoriedad de la baliza V16 es una de las medidas más conocidas, no será la única novedad que deberán tener en cuenta los conductores desde el inicio del año.
Una de las principales modificaciones afecta al proceso para obtener el permiso de conducir. A partir de 2026, el examen teórico incorporará vídeos de percepción del riesgo en los que los aspirantes deberán analizar situaciones reales de tráfico y elegir la actuación más adecuada.
Con este cambio, la DGT pretende reducir el peso del aprendizaje memorístico y reforzar la capacidad de anticipación y toma de decisiones ante escenarios potencialmente peligrosos.
También se elimina la excepción que permitía circular sin cinturón de seguridad en ciudad a determinados profesionales durante el ejercicio de su actividad laboral. Desde el 1 de enero, todos los ocupantes de un vehículo estarán obligados a utilizar el cinturón de seguridad en cualquier circunstancia, incluidos taxistas, repartidores y profesores de autoescuela en vías urbanas.
La normativa incorpora, además, nuevas reglas cuando se rebase un vehículo detenido en la calzada por avería. En estos casos, los conductores deberán reducir su velocidad en 20 kilómetros por hora respecto al límite máximo de la vía y mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros al adelantarlo.
La medida busca aumentar la seguridad de las personas que se ven obligadas a detenerse en carretera y de otros usuarios vulnerables.
Otra de las novedades es la regulación oficial del denominado carril de emergencia en situaciones de tráfico denso. En retenciones en autopistas y autovías, los vehículos que circulen por el carril derecho deberán desplazarse hacia la derecha, mientras que los del carril izquierdo lo harán hacia la izquierda, con el fin de crear un pasillo central que permita el paso de ambulancias, bomberos y otros servicios de emergencia.
A partir de 2026 también se generalizará la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes, así como las Islas, deberán contar obligatoriamente con una de estas zonas, lo que afectará a más de 149 municipios en los que reside cerca de la mitad de la población del país.
Las restricciones se aplicarán en función del sistema de etiquetas ambientales de la DGT. Los vehículos de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel anteriores a 2006, que carecen de distintivo ambiental, serán los más afectados.
El incumplimiento de la normativa en las ZBE, controladas mediante cámaras de lectura de matrículas, podrá conllevar sanciones de hasta 200 euros, una cuantía que se reduce a 100 euros en caso de pronto pago.
La aplicación concreta de estas medidas dependerá de cada ayuntamiento, ya que las ordenanzas municipales podrán establecer condiciones específicas dentro de su correspondiente Zona de Bajas Emisiones.
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