El Ayuntamiento de Santa Cruz ha rechazado los 3,6 millones de euros de subvención concedidos por el Ministerio de Transición Ecológica en 2023 que, con cargo a fondos Next Generation, se iban a destinar a implantar el contenedor marrón en el municipio. Una cantidad de la que hasta ahora se habían recibido 1,8 millones para permitir al Consistorio, a través de la empresa concesionaria de limpieza, Valoriza, adquirir los depósitos destinados a materia orgánica en los cinco distritos, junto a la adquisición de dos camiones eléctricos para su traslado.
Así lo anunció ayer el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, en comisión de control a raíz de una comparecencia solicitada por el grupo socialista, cuya portavoz, Patricia Hernández, achacó la pérdida de la subvención europea a “una mala tramitación del expediente” por parte del área. “La inacción del equipo de gobierno y su falta de diligencia le ha costado 3,6 millones a los chicharreros, que ahora tendrán que costear el contenedor marrón con los impuestos”, subrayó.
Tarife explicó que “tras recibir la notificación de que el Ayuntamiento había sido beneficiario de estos fondos europeos, se solicitó a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, dirigida en ese entonces por José Antonio Valbuena, la modificación del contrato con Valoriza para que la empresa incorporase los medios materiales a través de dicha subvención, ya que es la que prestaría del servicio”.
Para ello, añadió, “el Gobierno dio autorización, pero también se solicitaron informes a los servicios jurídicos y a Intervención municipal por el cambio del contrato, órganos que, después de diez meses, emitieron un informe negativo desaconsejando este procedimiento para el quinto contenedor por poder entrar en conflicto con otros municipios. Por ello, el pasado mes se acordó la devolución de esta cantidad, de la que hasta ahora se ha recibido el 50%. La instalación del contenedor orgánico y las tarjetas inteligentes para su apertura, ya que implicará bonificaciones fiscales a quienes lo usen, se hará el próximo año con fondos propios, que rondarán los 2,7 millones”.
Mientras, Patricia Hernández achacó a “una contratación a dedo con Valoriza la intención de implantar el anunciado contenedor marrón”, a lo que el edil recordó que “la autorización la dio el ahora exconsejero Valbuena, pero con dos informes municipales en contra solo se podía actuar de tres maneras: la primera, levantar un reparo, que solo compete al alcalde; la segunda, devolver el dinero, que es por lo que se ha optado; y una tercera que practica el ministro Ángel Víctor Torres, no el PP, y que se ha revelado en los informes de la UCO”.
En ese momento, Tarife, papel en mano, leyó una frase impresa que, en palabras de Torres, decía “me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica y os lo soluciona o la levanto por el aire”.
En otro orden, la comisión de control abordó otros asuntos, entre ellos la situación actual de la vivienda municipal tras el convenio financiero con el Gobierno canario y el Cabildo para construir 37 pisos en María Jiménez y 226 en Cuevas Blancas. El PSOE, que pidió la comparecencia de la concejala del área, Belén Mesa, cuestionó si este acuerdo “lleva a Santa Cruz a prescindir de ampliar su parque público, pues un convenio a tres bandas no significa repartir estas construcciones, aprobadas en 2020, más las 88 previstas en la avenida de Los Príncipes, que han desaparecido, a favor de otras administraciones y en detrimento del municipio”.
Mesa contestó que “el Ayuntamiento ha aportado suelo para atender la actual demanda de vivienda pública y ha buscado financiación para las actuaciones en María Jiménez y Cuevas Blancas, a las que se sumarán otras nuevas con ayudas a las que hemos optado como el programa Activa Vivienda, los 4 millones solicitados de fondos EDIL para nuevas promociones o los 101 millones destinados a rehabilitar viviendas”.
El PSOE también preguntó sobre los garajes de 44 viviendas de El Tablero, que aún no han sido cedidos a sus inquilinos y por los que, alegó,se les pretende cobrar por su uso. Mesa respondió que serán adjudicados a las juntas de administración para su gestión, sin especificar su posterior alquiler. Igualmente, el estado en ruinas de la antigua cofradía de pescadores y el espigón de San Andrés fue objeto de comparecencia, a lo que la edil del distrito Anaga, Gladis de León, dijo que las competencias para su futuro uso son de Costas y no del Ayuntamiento.
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