El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), dependiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, concedió en los nueve primeros meses del pasado año (de enero a septiembre) un total de 56.733 prestaciones económicas de atención social (PEAS), de las que 292 se destinaron a personas con algún tipo de discapacidad en el municipio. Para ello, se recurrió a una inversión de unos 10,5 millones de euros, con el objetivo de cubrir gastos en alimentación, suministros básicos, vivienda, prótesis, mobiliario y otros conceptos esenciales entre quienes más lo necesitan.
La concejala de Políticas Sociales, Charín González, avanzó estos datos en la pasada comisión de control municipal, en respuesta a una pregunta del grupo socialista respecto a la evolución de las PEAS en 2025 y la cuantía en cada una de las modalidades concedidas, ayudas que solo en gastos corrientes superó los 9,9 millones de euros.
Así, en base a la información facilitada, en los tres primeros trimestres del pasado año la inversión social en PEAS se centró en ayudas para alimentación, para las que se destinaron 6,2 millones de euros repartidos entre 51.418 beneficiarios a través de las denominadas tarjetas Dinosol.
La siguiente cantidad más destacada, que superó los tres millones, se centró en la modalidad de alquiler, comunidad o hipotecas, para un total de 1.610 personas; seguidas de las del coste de prótesis (gafas, audífonos, tratamientos dentales, etcétera) que con más de 287.000 euros se concedieron a 850 usuarios necesitados.
Asimismo, las PEAS para el pago del recibo del agua tuvieron un montante de 104.000 euros, repartidos entre 1.651; mientras que las destinadas a cubrir gastos de luz beneficiaron a 376 usuarios con una inversión de casi 60.000 euros. Por otra parte, las ayudas en bonos o alojamientos englobaron un total de 151.000 euros para ayudar a 53 personas, mientras que las de subsistencia, alimentación y farmacia, contaron con 10.400 euros que fueron concedidas a 40 usuarios.
Con respecto a las destinadas a mobiliario, electrodomésticos y obras, la cuantía en los seis primeros meses de 2025 se elevó hasta superar los 300.300 euros, cuyo total se distribuyó entre 446 personas. De este montante, casi 117.000 euros se centraron en ayudas para obras (48 personas); 107.000 euros en muebles (167 personas) y 76.300 euros para electrodomésticos (231 personas).
En cuanto a las ayudas de discapacidad, se concedieron un total de 292 por un total de 247.500 euros, destinando de esta cuantía 185.000 euros para cubrir gastos corrientes (agua, luz, alquiler, alimentación, etcétera) y 61.9000 euros para capital (mobiliario, electrodomésticos y obras).
Ayudas por mes en Santa Cruz de Tenerife
En los tres trimestres analizados para la evolución de las PEAS, el pasado septiembre se alza como el de mayor gasto invertido desde el IMAS, con un total de 2,2 millones de euros concedidos a 10.185 personas (152 para discapacidad). Le sigue abril con poco más de 2 millones repartidos entre 9.549 personas (ninguna ayuda en discapacidad); y marzo con 1,5 millones de euros que beneficiaron en ayudas a 15.245 personas (también sin ayudas a discapacidad).
La presidenta del IMAS, Charín González, destaca que “las PEAS no son solo una ayuda económica, sino una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa y solidaria” poniendo el énfasis en que “cada euro invertido en estas prestaciones se traduce en oportunidades, dignidad y esperanza para miles de personas en nuestra ciudad”, aunque puntualizando que “el objetivo a largo plazo es la reducción del importe y número de PEAS, porque la pretensión es una intervención social con su correspondiente plan de acción individualizado para conseguir que las personas o familias salgan de la vulnerabilidad”.
Cabe recordar que la concejalía de Acción Social del Ayuntamiento chicharrero concedió durante 2024, a través de IMAS, un total de 140.278 Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS), de las que 133 de ellas fueron destinadas a personas con algún tipo de discapacidad, pues son subvenciones individuales cuyos pliegos para la concesión fueron modificados tal y como reclamaban las asociaciones del subsector para eliminar esperas indeseadas.
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