Un mes después de recuperar el control del Gran Hotel Callao Sport, en Callao Salvaje, una de las ocupaciones ilegales más mediáticas de Canarias, Margarita Domínguez, administradora única de la empresa propietaria, relata a DIARIO DE AVISOS cómo vivió todo el proceso, qué se encontró al volver a su propiedad y por qué descarta cualquier intento de reactivación de su negocio. “¿Estoy contenta? Sí, pero: ¿qué sentido tiene alegrarse por recuperar algo que es tuyo? Esto nunca debería haber ocurrido”, dice.
El hotel, que cuenta con 92 habitaciones y estaba enfocado al turismo deportivo, cerró en octubre de 2020 por la inviabilidad económica que causó entonces la pandemia.
Tras varios intentos fallidos de reactivar su actividad o vender la propiedad, el complejo resultó ocupado ilegalmente a mediados de febrero de 2023. A partir de ese momento, alrededor de 300 personas llegaron a residir de forma simultánea en sus instalaciones.
Durante la ocupación, los residentes alteraron la distribución original del hotel, improvisaron cocinas dentro de las habitaciones y, según denunció la empresa propietaria, llegaron incluso a revender estancias.
El pasado diez de diciembre, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ejecutó la orden de desalojo, tras conceder un mes para que los ocupantes abandonaran el inmueble de forma voluntaria. Aunque la mayoría se marchó antes del plazo, una veintena de personas permaneció hasta el último día.
Hoy, el edificio permanece vacío y fuera de condiciones de uso, mientras la empresa propietaria, Construcciones Domasa S.A., mantiene su decisión de vender el inmueble sin acometer ninguna renovación. “Estamos manteniendo contactos con posibles interesados para una venta en el estado actual del edificio; no contamos con presupuesto para realizar obras ni mejoras”, explica Domínguez, aunque matiza que, pese al interés existente, la operación aún no está cerrada.
“SE RIERON DE NOSOTROS”
Según explicó, sus abogados evalúan posibles vías legales de reclamación por los daños sufridos durante la ocupación. “Estamos analizando todas las opciones. Pediremos responsabilidades a quien corresponda”, asegura.
A su juicio, el desenlace del caso deja una sensación de impunidad: “Han destruido una propiedad. Y los demás asumimos las consecuencias”, lamenta.
La administradora recuerda el impacto de entrar al hotel después de meses. “Me llamó la atención la cantidad de basura que había. Clamaba al cielo. Se hicieron las necesidades en el suelo. Era asqueroso”, resumió.
Durante el desalojo, la administradora vivió situaciones que considera indignantes. “El día que estaban sacando a la gente, uno de ellos llamó por teléfono a mi marido para alquilarle una habitación. Se rieron de nosotros”.
También recordó que, tras publicar vídeos del estado del hotel, recibieron presiones. “Nos avisaron de que los ocupas estaban molestos”, comentó.
CAER EN EL OLVIDO
Aunque reconoció que la crisis habitacional es real, cuestiona que este caso se encuadre únicamente dentro de ese problema. “La necesidad habitacional está en la calle, eso está claro. Muchos de los que se introdujeron en el hotel trabajaban, tenían coches, electrodomésticos, montaban cerramientos en las terrazas…”, asegura.
Domínguez advierte de que, pese al seguimiento mediático, este tipo de situaciones suelen desaparecer rápidamente del foco público. “Hubo un bum mediático, todo el mundo lo siguió, pero luego se olvida. Y esto le puede pasar a cualquiera”, advierte.
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