El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna ha acordado iniciar el procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica de una modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) destinada a regular la implantación de instalaciones de suministro de productos petrolíferos (gasolineras) en zonas residenciales. Esta nueva normativa actualizará y clarificará el marco urbanístico vigente, reforzará la seguridad y la protección vecinal y adaptará el planeamiento municipal a la legislación estatal y autonómica más reciente en materia de hidrocarburos, libre competencia y transición energética, según informaron desde el Ayuntamiento.
La modificación del PGO vigente incorpora un borrador del plan y un documento ambiental estratégico, elaborados para garantizar que la futura regulación sea plenamente compatible con los criterios de salud pública, calidad ambiental y convivencia urbana. Tras el acuerdo, suscrito este pasado martes, se elevará al órgano ambiental insular la documentación necesaria y se activará formalmente la tramitación de esta regulación local.
El concejal de Ordenación del Territorio, Adolfo Cordobés, valoró que esta iniciativa “responde a una demanda social clara y a la necesidad de contar con un marco normativo actualizado, seguro y coherente, que permita ordenar adecuadamente la implantación de estaciones de servicio en entornos residenciales”.
El edil explicó que “el objetivo es garantizar que cualquier instalación de este tipo se desarrolle con las máximas garantías para la ciudadanía, evitando situaciones de proximidad inadecuada y reforzando la protección frente a ruidos, emisiones y riesgos asociados”.
Asimismo, Cordobés subrayó que la modificación del PGO “no pretende impedir la actividad económica, sino asegurar que se desarrolle en condiciones compatibles con la vida cotidiana de los barrios, con criterios de sostenibilidad y con plena seguridad jurídica para todas las partes”.
Objetivos
Según explicaron desde el Ayuntamiento, la modificación del PGO persigue, en primer lugar, objetivos jurídicos orientados a actualizar la normativa municipal para alinearla con la legislación vigente y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Con ello se busca evitar contradicciones con normas como la Ley 11/2013 o la Ley 6/2022 de Cambio Climático de Canarias, reforzando la seguridad jurídica al mismo tiempo, tanto para la ciudadanía como para los operadores económicos que desarrollan su actividad en el municipio.
En segundo lugar, incorpora también objetivos urbanísticos destinados a corregir incoherencias detectadas en el planeamiento actual. Entre ellos, destaca la eliminación de requisitos que han generado conflictos en la práctica, como la obligación de adosar estaciones de servicio a manzanas cerradas, sustituyéndolos por criterios más claros, coherentes y aplicables para ordenar adecuadamente este tipo de instalaciones en áreas residenciales.
Por último, la modificación plantea objetivos ambientales y sociales que buscan proteger la salud pública, reducir molestias y garantizar que la implantación de estaciones de servicio sea plenamente compatible con la vida en los barrios. Además, promueve la movilidad sostenible y la descarbonización, facilitando la transición hacia modelos energéticos más limpios y acordes con las políticas de mitigación del cambio climático.
Con el acuerdo adoptado, la Gerencia remitirá al órgano ambiental del Cabildo toda la documentación necesaria para que emita el Informe Ambiental Estratégico, tal como exige la normativa. Una vez recibido dicho informe, la modificación del PGO continuará su tramitación con los sucesivos plazos de información pública, consultas institucionales, la elaboración del informe técnico y jurídico final, así como si aprobación definitiva por el Pleno municipal.
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