El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes, 6 de marzo de 2026, el convenio firmado entre el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno de Canarias para que la comunidad autónoma pueda utilizar varias aplicaciones informáticas de la Inspección de Trabajo destinadas a gestionar expedientes laborales y compartir información entre administraciones.
El acuerdo, suscrito el 28 de enero de 2026, establece el marco para que la administración autonómica utilice herramientas digitales estatales en la gestión de procedimientos laborales, especialmente en materia sancionadora. El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga si ambas partes lo acuerdan.
La medida forma parte del proceso de digitalización de la administración pública y busca facilitar la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en la gestión de expedientes relacionados con el ámbito laboral.
Una de las claves del convenio es la utilización de la aplicación Ariadna, un sistema informático desarrollado por la Inspección de Trabajo que permite tramitar electrónicamente los procedimientos sancionadores en el orden social.
Esta plataforma permite compartir documentación y avanzar en los trámites administrativos dentro de un entorno digital común. De esta forma, tanto la Inspección de Trabajo como la autoridad laboral autonómica pueden acceder a la misma información y gestionar los expedientes desde un sistema integrado.
Un sistema para tramitar sanciones laborales
La aplicación Ariadna está diseñada para facilitar la tramitación de expedientes sancionadores relacionados con el ámbito laboral. Gracias a este sistema, las administraciones implicadas pueden intercambiar documentos, registrar actuaciones y consultar el estado de los procedimientos de forma digital.
Entre sus funcionalidades se encuentran el acceso a los expedientes abiertos, la incorporación de nuevos documentos, el registro de trámites administrativos o la consulta de informes estadísticos sobre los procedimientos sancionadores.
Además, la plataforma incluye un servicio que permite gestionar apoderamientos administrativos, de modo que los interesados puedan autorizar a terceros a actuar en su nombre durante la tramitación de los expedientes.
Control de trabajadores desplazados a España
El convenio también contempla el uso del Registro Central de Comunicaciones de Desplazamiento, una herramienta destinada a controlar las comunicaciones de empresas que envían trabajadores a España en el marco de servicios transnacionales.
La normativa establece que las empresas deben comunicar a la autoridad laboral competente el desplazamiento de trabajadores antes de que comience su actividad en el país. Para ello, el Ministerio de Trabajo ha desarrollado un sistema electrónico que centraliza estas comunicaciones.
Este registro permite a las administraciones laborales consultar los datos de los trabajadores desplazados, verificar el cumplimiento de las condiciones laborales y facilitar la coordinación entre administraciones.
Cooperación digital entre administraciones
El acuerdo establece también la creación de una comisión mixta de seguimiento entre el organismo estatal y el Gobierno de Canarias. Este órgano tendrá como función supervisar el funcionamiento de las aplicaciones informáticas y proponer mejoras en los sistemas utilizados.
El convenio precisa además que el uso de estas herramientas no implicará ningún coste económico para las administraciones implicadas y que su aplicación se ajustará a la normativa vigente en materia de protección de datos y seguridad informática.
El acceso a las plataformas se realizará mediante certificado electrónico y a través de la Red SARA, la infraestructura de comunicaciones que conecta a las administraciones públicas en España.
Con este acuerdo, la Inspección de Trabajo y el Gobierno de Canarias refuerzan la cooperación administrativa y avanzan en la implantación de sistemas digitales para agilizar los procedimientos laborales y mejorar el intercambio de información entre administraciones.
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