El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, Javier Caraballero, subrayó ayer que “sacar al Carnaval de la calle sería matar la fiesta”. El edil hizo alusión a la reciente sentencia que ha ordenado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a buscar un lugar para celebrar las carnestolendas “donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos” del Puerto y La Isleta, además de a indemnizar con 2.000 euros a cada uno de los denunciantes por las celebraciones de 2024.
Caraballero consideró que “esta situación no creo que sea extrapolable a la fiesta chicharrera, pues nuestro Carnaval está arraigado a la ciudad y cuenta con un gran respaldo social, mientras que el de Las Palmas solo ha dado bandazos a lo largo del tiempo porque los ciudadanos no lo viven ni lo sienten igual”.
En este sentido, apuntó que ambas celebraciones son “diferentes”, tanto en historia, tradición e idiosincrasia. “Los chicharreros, hasta en tiempo de la dictadura, buscaron formas de celebrar el carnaval furtivo y, gracias a ello, no se perdió la fiesta. Algo que, en cambio, Las Palmas no consiguió y, de ahí, que no se viva ni disfrute igual que aquí”.
El edil añadió que, por otra parte, “nosotros tenemos espacios consolidados para la fiesta en la calle, mientras que Las Palmas ha ido improvisando lugares cada año lo que, en parte, ha ocasionado el cabreo de los residentes. Además, en el año 2007 este Ayuntamiento consensuó con los vecinos del Cuadrilátero medidas correctoras como la limitación de los horarios de la música, lo que se cumple a rajatabla y ha sido garante para su continuidad”.
“Cualquiera puede ir al juzgado a denunciar al Carnaval, pero creo que se encontraría con toda la sociedad tinerfeña de frente, porque nuestra fiesta está arraigada e integrada en el pueblo”, destacó.
Derechos vecinales
La sentencia que obliga al desplazamiento del Carnaval de Las Palmas fuera de la ciudad expone que dados los recursos con los que cuentan la Corporación y sus sociedades, “urge a concretar e implementar un plan para preservar el carnaval y los derechos de todos los vecinos de la ciudad”, para lograr que sean “de todos y para todos y no (…) para muchos a costas de unos pocos”.
Mientras, la alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias, anunció que el Consistorio recurrirá dicha sentencia y se ha preguntado qué pasaría si las Fallas o los Sanfermines no se pudieran celebrar en entornos urbanos como los de Valencia o Pamplona”.
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