La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias sacó ayer a información pública la solicitud de declaración de utilidad pública de dos nuevos parques eólicos ubicados en Granadilla de Abona, promovidos por la empresa Energías Verdes de Tenerife, S.L.U. De esta forma, se prevé que los proyectos de El Vallito y Tarajales sumen más de 23 megavatios (MW) de potencia instalada a la red, integrándose al proceso regional de expansión de las energías renovables.
El proyecto de El Vallito se ubicará al noroeste de la TF-1, a la altura de Chimiche. Este contempla la instalación de cinco aerogeneradores de gran tamaño, con rotores de 114 metros de diámetro y una altura de buje de 80 metros.
La infraestructura incluye una red subterránea de media tensión para interconectar los aerogeneradores y una red externa de evacuación de 30 kV hasta la subestación colectora de Granadilla de Abona, desde donde la energía se transportará a la subestación eléctrica de Abona, gestionada por Red Eléctrica de España.
Como elemento destacado, el parque incorporará un sistema de almacenamiento energético mediante baterías de ion-litio, con una capacidad de 21 MWh y una potencia de 4,5 MW, compartido con otras instalaciones. El presupuesto de ejecución material asciende a 24,47 millones de euros.
El segundo proyecto, denominado como Tarajales, también se desarrollará en Granadilla. En este caso, la instalación prevé tres aerogeneradores de mayores dimensiones, con rotores de 132 metros de diámetro y una altura de buje de 84 metros.
Al igual que El Vallito, contará con red subterránea de interconexión y línea de evacuación en media tensión hasta la subestación colectora del área, con conexión a la subestación. El presupuesto previsto es de 9,59 millones de euros.
Ambos proyectos ya fueron sometidos a información pública en el año 2020 y ahora avanzan en el procedimiento para obtener la declaración de utilidad pública, un requisito que permite la ocupación de terrenos y la ejecución de las infraestructuras necesarias. Esta fase incluye la exposición de los documentos técnicos y la relación de bienes y derechos afectados, para posibles alegaciones de los interesados.
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