La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha abierto una investigación formal contra dos personas por su presunta implicación en un caso de eutanasia ilegal de perros en Gran Canaria.
Los hechos, que han tenido lugar en el municipio de Teror, afectan a un profesional veterinario y a una familiar del propietario de los animales, quienes habrían tomado la decisión de acabar con la vida de los canes sin contar con la autorización preceptiva ni una justificación clínica sólida.
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La intervención del SEPRONA se desencadenó tras la denuncia interpuesta por el titular de los perros, quien descubrió que sus dos mascotas habían sido sacrificadas. Según el relato del denunciante, en ningún momento dio su consentimiento para que se procediera a la eutanasia de los animales, dos ejemplares de raza Cocker Spaniel.
Investigación por maltrato animal
El origen de este caso de eutanasia ilegal de perros en Gran Canaria se sitúa en una supuesta valoración subjetiva del facultativo. Según las primeras pesquisas de la Benemérita, el veterinario investigado habría actuado bajo su propio criterio personal, alegando que los canes presentaban un comportamiento agresivo.
Sin embargo, los agentes han constatado que no existe ningún informe veterinario previo que ampare, documente o justifique dicha actuación desde un punto de vista médico o legal.
Junto al profesional, la Guardia Civil investiga también a la cuñada del propietario. Al parecer, fue ella quien trasladó a los animales a la consulta el día en que se ejecutó el sacrificio.
La falta de comunicación y la ausencia de una firma autorizada por el dueño legal de los perros sitúa a ambos implicados en una posición jurídica delicada, bajo la sospecha de una posible mala praxis profesional y un presunto delito de maltrato animal.
Consecuencias legales
Este suceso ha puesto el foco sobre el estricto cumplimiento del código deontológico veterinario. Entre las infracciones graves que se están analizando se encuentran la realización de intervenciones quirúrgicas o sacrificios sin base clínica, la omisión del consentimiento del propietario y la falta de documentación obligatoria en los procedimientos.
Las autoridades advierten que este tipo de conductas no solo conllevan sanciones administrativas, sino que pueden derivar en:
- Suspensión inmediata del ejercicio profesional para el veterinario involucrado.
- Responsabilidades penales que podrían incluir penas de prisión bajo la actual Ley de Bienestar Animal.
- Multas económicas de cuantía elevada por infracción de la normativa de sanidad animal.
La investigación en Gran Canaria continúa abierta para esclarecer si existen más casos similares y determinar el grado de responsabilidad de la mujer que entregó a los animales.
El SEPRONA de Las Palmas recuerda la importancia de que cualquier procedimiento de eutanasia cuente con el rigor documental necesario para evitar tragedias irreparables como la ocurrida en Teror.
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