El exalcalde de Puerto de la Cruz Marco González (PSOE) sigue confiando en la justicia en la investigación por los presuntos delitos contra el medio ambiente relacionados con los vertidos de aguas fecales en Playa Jardín. Un hecho que conllevó al cierre de la playa el 3 de julio de 2024 por parte del Ayuntamiento y a que se desaconsejara el baño en la zona.
“Sigo manteniendo la calma y la serenidad, y tengo confianza ciega en la justicia y en mi abogada. También en la gestión de todo el gobierno que presidí. Sé cuales fueron mis competencias como alcalde y sé muy bien lo que hice para resolver unas infraestructuras obsoletas y un contrato a caducar”, declaró González al ser consultado por este periódico sobre el sobreseimiento en la causa de los dos concejales de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), David Hernández y Alberto Cabo.
No obstante, el procedimiento continúa para el resto de investigados entre los que se encuentran Marco González; el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT), Javier Davara, y la consejera insular de Medio Natural y vicepresidenta del CIAT, Blanca Pérez (Coalición Canaria).
“También sé quién ocultó información, como demuestran los informes, e incluso es más que demostrable quién tardó dos años en iniciar un proyecto, como la bifurcación de las aguas residuales, que se le estuvo solicitando durante meses y no encargó su redacción”, añadió el exmandatario aunque no especificó nombres.
González recordó que el proceso judicial “aún está en fase de instrucción” y mientras tanto, “el emisario sigue roto, no se ha comenzado la obra de la nueva estación depuradora, y quienes ahora presumen votaron en contra del nuevo contrato de abastecimiento y depuración. Un expediente que se empezó en el 2020 y que se aprobó por todas las fuerzas políticas en la corporación, menos por ACP, a sabiendas de que es la única opción para resolver muchos de los problemas, pues el nuevo contrato contempla las inversiones previstas y necesarias, tras más de 30 años de gestión”, subrayó.
El exmandatario se refiere al expediente de contratación de la nueva concesión del servicio de agua y saneamiento, uno de los más importantes debido al impacto que tendrá en el municipio y al que la ACP se opuso por diversos motivos, entre ellos, que la concesión excede el tiempo recomendado, que debe ser de 26 años y no 40, como está contemplado.
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