Puertos Canarios aprobó recientemente el nuevo reglamento de explotación del Puerto Deportivo Puerto Colón, en Adeje, una actualización normativa que llega más de 40 años después de la concesión de la instalación y que redefine el funcionamiento práctico de una de las principales infraestructuras náuticas de Tenerife.
Este documento refuerza el control sobre la gestión de amarres, la actividad económica y el uso de los servicios portuarios.
El embarcadero adejero se sitúa entre los de mayor actividad de la Isla y constituye el principal enclave de turismo marítimo del Archipiélago, especialmente en excursiones de avistamiento de cetáceos.
La normativa confirma el carácter estrictamente recreativo del puerto, que queda reservado a embarcaciones deportivas o de ocio, salvo situaciones excepcionales de emergencia. Sin embargo, más allá de este aspecto formal, el texto introduce cambios relevantes en la explotación diaria de la instalación, especialmente en lo relativo a la ocupación de amarres y al control de la actividad empresarial dentro del recinto.
Uno de los ejes del reglamento es el refuerzo del control sobre la actividad económica portuaria. El documento establece que “ninguna empresa o profesional podrá prestar servicios turísticos, comerciales o industriales en el puerto sin autorización expresa del concesionario”, una previsión que explicita esta obligación y dota ahora a la gestión portuaria de mayor capacidad de intervención para garantizar el cumplimiento de las condiciones de explotación.
Esta operativa irregular, en muchos casos conocida en el sector, se venía produciendo desde hace años, según ha podido saber este periódico, en varias embarcaciones especialmente vinculadas al ocio marítimo y a servicios turísticos, en su mayoría dedicadas al avistamiento de cetáceos.
El puerto adejero concentra en torno a 20-25 embarcaciones dedicadas a esta actividad y alrededor de 290.000 pasajeros anuales, lo que lo convierte en el principal enclave de salidas para esta actividad turística no solo en Tenerife, sino en todo el Archipiélago.
Otro de los puntos clave es la regulación de los puestos de atraque. Los titulares estarán obligados a comunicar cuándo no utilizan su amarre, lo que permitirá a la dirección del puerto cederlo temporalmente a terceros. Además, se prohíbe expresamente que los propietarios cedan el amarre por su cuenta.
El reglamento también refuerza las medidas de control ante incumplimientos, como los impagos de tarifas o la vulneración de las normas, que podrán conllevar la suspensión de servicios, la denegación de acceso al puerto o incluso el desalojo e inmovilización de embarcaciones.
En el plano operativo, la normativa establece que la administración portuaria “no asumirá responsabilidad por daños, pérdidas o incidentes que sufran embarcaciones o bienes dentro de la zona de servicio”, que permanecerán bajo riesgo de sus propietarios.
La gestión seguirá en manos de la concesionaria Puerto Colón S.A., bajo supervisión de Puertos Canarios, con un director nombrado por la empresa y aprobado por el ente público.
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