La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias calificó ayer, en una reunión con la madre del menor, como “un conflicto de convivencia aislado” la presunta agresión del pasado 10 de abril contra un alumno con trastorno del espectro autista (TEA) matriculado en el IES El Médano de Granadilla de Abona.
Según ha podido saber este periódico, presuntamente ocho de los trece alumnos que comparten aula con el menor “lo acorralaron, le lanzaron objetos y le sometieron a sonidos de abejas”, conociendo de antemano la profunda fobia que el joven sufre hacia estos insectos. La dirección del centro tuvo que frenar la situación. La docente a cargo calificó lo ocurrido de “maldad y crueldad”.
El menor, según denunció a este periódico la propia madre, Patricia Carballo, llevaría presuntamente sufriendo “durante dos cursos vejaciones por parte de varios compañeros”, un hecho que, incluso, le habría llevado a producirse autolesiones.
Carballo explicó que los técnicos de la Consejería le anunciaron como principal medida que los alumnos implicados “asistirán al centro en horarios separados para evitar coincidencias en el aula”.
El director territorial de Educación en Santa Cruz de Tenerife, Adrián Delgado, reconoció recientemente en una entrevista en Onda Tenerife que situaciones como la del IES El Médano están “por encima de la normalidad”.
Entre la agresión y el primer contacto institucional transcurrieron 13 días. Fue la madre quien forzó la respuesta, ya que el pasado día 16 presentó un escrito solicitando la activación del protocolo interno de acoso escolar y se reunió ese mismo día con el equipo directivo. “No sabían la mitad de las cosas”, afirmó. Al día siguiente, el centro expulsó a cinco de los ocho implicados.
El instituto no había activado el protocolo de acoso, argumentando que se trataba de un “caso aislado”.
La intencionalidad, sin embargo, está documentada, ya que una menor cercana al grupo agresor confirmó a la familia que actuaban de forma deliberada, “buscando dónde tocar para reírse de él”.
Preguntado por la situación, Delgado subrayó que “la fase más complicada es la detección, llegar a conocer que se está dando ese presunto acoso o un problema de convivencia, porque muchas veces sucede al margen del centro escolar o de la capacidad que tiene un docente en el aula”.
Sobre la falta de contacto directo con la familia, el director territorial argumentó que la intervención institucional se canaliza a través de los centros, “que son los que están en la primera línea”. Respecto a si las expulsiones serán suficientes, Delgado apuntó a la existencia de una fase de actuación a largo plazo que va más allá de las sanciones inmediatas, aunque no concretó en qué consiste.
SECUELAS Y EL RIESGO DE REPETIR
El menor lleva semanas acudiendo al centro únicamente en horas sueltas. Las secuelas son múltiples: insomnio, ansiedad, irritabilidad y lo que su madre describe como estrés postraumático. Con 40 días para finalizar el curso, su titulación en la ESO está en riesgo. “Ya son dos años de esta situación. Tengo miedo de que se repitan los episodios de autolesiones. Es traumático para él y encima de acosado, me niego a que sea repetidor”, afirmó Carballo.
Ante la inacción inicial, la familia activó el protocolo con el Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar (SPACAE), la Fundación ANAR y la Inspección Educativa. ANAR detectó indicios de delito y anunció que daría parte a Fiscalía. “Mientras mi hijo no tenga protección, no va a ir a clase con normalidad”, zanjó Patricia.
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