El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha convocado hoy una sesión extraordinaria del Consejo de Administración, con carácter de urgencia, para debatir como único punto del día la situación del antiguo silo de grano ubicado en la autovía de San Andrés, un inmueble integrado en suelo portuario para el que ya se había anunciado su demolición y se iba a adjudicar el contrato para el inminente derribo a la empresa Hercal Diggers por990.140 euros.
No obstante, el anuncio de Puertos para demoler este emblemático edificio, único de este estilo que se conserva en España, se ha topado con el rechazo frontal del Ministerio de Cultura, que ha solicitado mantener en pie la infraestructura para preservar los valores patrimoniales que posee.
Una defensa para la preservación de la infraestructura a la que, además, se han sumado Gobierno de Canarias, Cabildo insular, Ayuntamiento de Santa Cruz y Colegio de Arquitectos (COA), quienes han subrayado que la demolición del silo supondría un daño “inminente e irreversible” sobre el único edificio en pie en un recinto portuario español y, por tanto, a un bien de alto valor histórico, arquitectónico y simbólico.
Para la salvaguarda del silo tipo B del puerto capitalino, el Cabildo ha ido más allá, tras el anuncio realizado por el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, afirmando que la Corporación exigiría ante la Justicia la aplicación de “medidas cautelarísimas” para evitar la demolición del inmueble.
Informes
Ruano recordó que el Cabildo había instado formalmente a Puertos a realizar un estudio técnico de los valores patrimoniales del inmueble, tal y como establece la Ley de Patrimonio Histórico Español, antes de llevar a cabo su demolición, pero lamentó que a pesar de las “reiteradas advertencias” la Autoridad Portuaria adjudicase la demolición del silo.
“Se trata de un edificio con valores arquitectónicos apreciables”, por lo que la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife tiene que hacer un estudio de valores patrimoniales en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Español”, manifestó Ruano.
En este sentido, fuentes de la Autoridad Portuaria explicaron que en la reunión del Consejo de Administración que se celebrará hoy se fijará un posicionamiento al respecto, el cual podría pasar por frenar la demolición prevista o solicitar informes o trámites que podrían aplazar la decisión.
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