El consejero de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, afirmó ayer que la Autoridad Portuaria no ha permitido a la Corporación insular el acceso al interior del silo para evaluar el estado de una infraestructura que Puertos quiere derribar, amparándose en su actual estado de ruina y en la falta de empresas interesadas en reutilizar esta infraestructura ubicada en la autovía de San Andrés de Santa Cruz.
Ruano aseguró que “no se nos permitió acceder al edificio como solicitábamos y, por ello, hemos informado al Ministerio de Cultura de que tiene que proceder a tomar alguna decisión respecto al futuro del antiguo silo de granos, dado que la Autoridad Portuaria no lo ha hecho. No se puede proceder a la demolición de un inmueble de esa naturaleza sin hacer previamente un estudio de valores patrimoniales”.
El Cabildo advirtió a Puertos de que podría incurrir en responsabilidades si no facilita información sobre la situación y los valores del edificio y recordó que, desde el primer momento, ha instado formalmente a la Autoridad Portuaria a realizar un estudio técnico de los valores patrimoniales del inmueble, tal y como establece el artículo 37 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, siendo esta una competencia que corresponde a dicho organismo estatal.
Al respecto, dijo Ruano, se ha mantenido en todo momento una actitud de colaboración y de plena disposición para analizar conjuntamente la situación del silo, sin que hasta la fecha se haya recibido información sobre el resultado de las actuaciones ni sobre las conclusiones alcanzadas.
En este sentido, añadió que la Corporación ha atendido todas las solicitudes de información recibidas, tanto del Colegio de Arquitectos de Tenerife (COA) como del Ministerio de Cultura, en el marco del procedimiento abierto por este último para recabar datos sobre las características del inmueble, expediente para el que reiteró la necesidad de que se lleve a cabo el citado estudio de valores patrimoniales.
Ruano señaló que “no se puede seguir dilatando una cuestión que afecta directamente a la protección del patrimonio y a la seguridad jurídica de las decisiones que se adopten sobre este edificio portuario” y especificó que “la Autoridad Portuaria tiene la obligación de informar y de actuar conforme a la normativa vigente. No hacerlo podría derivar en responsabilidades patrimoniales que deben evitarse con transparencia y rigor técnico”.
“Aunque las competencias sobre este inmueble corresponden a la Administración General del Estado, desde el Cabildo seguimos mostrando total disposición a colaborar en lo necesario, pero bajo premisas de información clara y en el cumplimiento de la ley”, aseveró el consejero.
Por su parte, desde la Autoridad Portuaria tinerfeña declinaron ayer hacer declaraciones respecto a la petición del Cabildo y el veto a acceder al interior del silo, visita técnica que también declinó para la Alta Inspección de Patrimonio y Cultura del Gobierno de Canarias.
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