La presidenta de la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha pedido a las administraciones públicas que cumplan con las leyes de memoria democrática tras conocerse el rechazo de la Comisión de Patrimonio de Canarias a declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento a Franco en Santa Cruz.
“La retirada de símbolos de exaltación franquista no es una cuestión ideológica ni una opción política. Es una obligación legal y un compromiso democrático con la justicia, la reparación y la memoria de las víctimas”, añade.
Para la entidad, “no es normal que autoridades cuestionen retirar este homenaje al dictador del espacio público, a pesar de chocar con una legalidad vigente” y considera que la decisión del Gobierno regional “de no dar paso a declararlo como BIC supone un hito importante, que evitará una anómala protección patrimonial por vía judicial”.
Por su parte, Luis Sosa-Tolosa, presidente de la asociación San Miguel Arcángel, defensora de la escultura de Juan de Ávalos, reitera que la obra “no incumple la legislación vigente en materia de memoria democrática. El denominado Monumento a la Paz no contiene elementos de exaltación del régimen ni de sus dirigentes, no incorpora inscripciones, escudos, lemas o rótulos propagandísticos y, además, las figuras representadas, el ángel y el joven con la espada,son anónimas y no tienen identificación alguna con dirigentes franquistas”.
Por el contrario, Pérez Schwartz recuerda que el catálogo de vestigios franquistas en Canarias deja claro que el monumento “constituye un reconocimiento de la actuación durante el golpe de Estado, por lo que se debe contemplar su retirada”.
“La significación histórica y simbólica de este monumento está perfectamente documentada. No se trata de una obra neutra ni descontextualizada, sino de un monumento concebido para glorificar al principal responsable de una dictadura que vulneró derechos fundamentales durante casi 40 años”, señala.
Por ello, considera que la declaración como BIC era incompatible con el marco legal, pues “tanto la ley canaria como la estatal de Memoria Histórica fijan la obligación de retirar de los espacios públicos elementos que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura. La democracia tiene la obligación de proteger la memoria de las víctimas, no los símbolos levantados para glorificar a quienes impulsaron y sostuvieron la represión”, afirma Pérez Schwartz.
Defensores
En este sentido, Sosa-Tolosa incide en que “la obra fue concebida como un monumento a la paz con motivo del 25º aniversario del final de la Guerra Civil, por lo que no exalta ningún régimen político. Son preocupantes las declaraciones públicas que presentan como una certeza jurídica lo que, en realidad, es una interpretación política que no encuentra respaldo en la realidad de lo que es la escultura”.
Además, aclara que el procedimiento sobre la declaración de BIC de la obra de Ávalos “no ha concluido, puesto que a esta asociación, que es parte interesada como promotora del procedimiento, no se le ha notificado aún ninguna resolución al respecto. En caso de no obtener el resultado que esperamos, y amparados en la ley, presentaremos recursos judiciales y hasta que no sean resueltos el procedimiento no habrá concluido. Aunque se diga lo contrario, a día de hoy el monumento continua con todas las medidas de protección como si se tratase de un BIC ya declarado”.
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