El Claustro de la Universidad de La Laguna ha aprobado este martes, 23 de junio, por 147 a favor y 56 en contra, la reforma del texto estatutario del centro académico para adaptarse así a las exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que marcaba un plazo de hasta tres años para que los centros de educación superior del país acometieran este cambio.
La aprobación de los Estatutos no ha estado exenta de polémica. La sesión de ha sido especialmente bronca y tensa, toda vez que el alumnado asistente interrumpió de manera continuada a los portavoces claustrales al disentir de una de las opciones del sistema de evaluación propuesto, ya que a su entender suponía un menoscabo de sus derechos.
De hecho, tras la votación de los artículos en discusión, la sesión tuvo que posponerse al horario de tarde y celebrarse enteramente online, dado que el ruido impedía su seguimiento presencial. Varios representantes estudiantiles pidieron la dimisión del rector.
Lo que encendió el debate claustral fueron las opciones propuestas en torno al sistema de evaluación del alumnado. La primera propuesta y que resultó finalmente la más votada, propone que la evaluación del rendimiento del estudiantado se hará mediante una evaluación continua, disponiendo de dos convocatorias oficiales por asignatura. Ambas podrán desarrollarse mediante evaluación continua o examen final, según lo establecido en el reglamento. Las asignaturas Trabajo de Fin de Grado (TFG) y Trabajo de Fin de Máster (TFM) podrán contar con una tercera convocatoria.
La otra opción, preferida por los estudiantes, pero que finalmente no obtuvo la mayoría de los votos, señalaba la posibilidad de tres evaluaciones en el marco de dos convocatorias oficiales que han de celebrarse antes de finalizar el mes de julio. La primera convocatoria se corresponderá con la evaluación continua o primer examen final de la asignatura, mientras que en segunda convocatoria el estudiantado dispondrá de dos posibilidades de evaluación/exámenes, pudiéndose presentar a ambos para superar la asignatura.
Consejo de Estudiantes: supone un recorte de derechos
Previo a la votación parcial, el presidente del Consejo de Estudiantes, Bentchey Martín, intervino para expresar su total disconformidad con la propuesta de eliminación de uno de los llamamientos. A su juicio, no es una cuestión menor, ya que significa pasar de dos oportunidades en la convocatoria extraordinaria a una sola, lo que supone un recorte de derechos en una universidad pública, que a su modo de ver podría suponer un bloqueo académico. “No se ha demostrado que la eliminación de este llamamiento reduzca el abandono o mejore las tasas de rendimiento”, alegó. En su opinión, “copiar el modelo de otras universidades sin tener en cuenta la singularidad de esta es una irresponsabilidad”.
Por su parte, Ágora, del sector del estudiantado, aunque dijo haber participado en la comisión de reforma, afirmó que no está dispuesto a considerar lo que a su modo de ver es un recorte de derechos del estudiantado. Criticó la poca solidaridad del profesorado, que propuso en la citada comisión la opción de refuerzo de la evaluación continua y eliminación de un llamamiento que, en su opinión, es indispensable. Amenazó con la petición de dimisión del rector si finalmente saliera la propuesta adelante.
La Asociación de Estudiantes de la Universidad de La Laguna (AEULL) declaró que durante más de 30 años se han permitido las tres convocatorias; “no es un privilegio, sino un salvavidas”, explicó el portavoz, quien también apeló a la situación del alumnado con dificultades económicas y que compagina los estudios con becas, trabajos o cuidado de mayores, y para quienes esta nueva modalidad en los estatutos es una clara pérdida de derechos.
Por su parte, Estudiantes en Defensa de la Facultad de Educación (EDFE) mostró con la misma contundencia que los anteriores su rechazo a la propuesta de eliminación del llamamiento extraordinario. Poner en juego el acceso a una beca y la propia permanencia en la universidad fueron las consecuencias que a juicio de la portavoz puede ocasionar la modificación estatutaria, “ya que todos los estudiantes no parten de la misma realidad. Un ascensor social no funciona cuando se quitan oportunidades”, añadió, para acabar finalmente pidiéndole al rector que presentara su dimisión.
Asamblea Canaria de Estudiantes (ACE) apeló al total consenso del alumnado en este punto, y también solicitó la petición de dimisión del rector por falta de coherencia y la disolución de los grupos claustrales que lo apoyan. Igualmente afirmó que la comisión de reforma ha trabajado de espaldas al estudiantado. El portavoz centró en el estudiantado el coste de esta decisión, al tiempo que afirmó que se ha convertido al alumnado en “enemigo cultural”.
Finalmente, el alumnado fue claro y rotundo en su negativa al texto, cuyas formaciones representantes anunciaron su dimisión ante el órgano colegiado.
El repaso y adaptación de todo el articulado se hizo con consenso entre todos los grupos, de tal forma que solo se llevaba al pleno la votación de tres artículos en los que no había habido acuerdo.
El primero de ellos hace referencia al mandato del Claustro, sobre el que existía una doble opción, o bien un mandato de cuatro años con renovación del alumnado cada dos, o mandato de tres, con mismo periodo de renovación para el estudiantado. Finalmente se optó por la primera de las propuestas.
En el caso de los nombramientos especiales, otro de los artículos en discusión, el proyecto recoge que el personal eventual sea de un máximo de cinco, como primera posibilidad, o de tres personas, como segunda, y salió elegida la opción primera.
La tercera fue el del sistema de evaluación del alumnado que a su entender supone un menoscabo de sus derechos adquiridos.
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