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El tributo al comercio electrónico en Canarias, pendiente del arancel europeo de 3 euros

La consejera de Hacienda señala el horizonte del 1 de julio para saber qué pasará con las compras de escaso valor en Canarias. El sector redobla su rechazo a la franquicia fiscal
Comercio electrónico, compras online, aranceles

La continuidad de la declaración simplificada obligatoria implantada en Canarias para compras de escaso valor a través del comercio electrónico depende en buena medida del arancel de 3 euros por producto que a partir del 1 de julio se cobrará a los envíos procedentes de fuera de la Unión Europea. A instancias del diputado del PP Fernando Enseñat, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, detalló ayer en una comisión parlamentaria que ese arancel se pagará también en Canarias, más “el normal” que le corresponda a cada producto, más una tasa por gestión aeroportuaria a partir de noviembre. Recordó que cuando se suprimió la franquicia del IVA en la Península y Baleares, en Canarias se mantuvo la del IGIC para los envíos por valor de hasta 150 euros, aunque se sustituyó el documento único administrativo (DUA) por el modelo H7, “mucho más fácil de rellenar”.

En paralelo, expuso la consejera, los comerciantes minoristas denuncian una competencia desleal por esa franquicia de hasta 150 euros, pues “aquí pagan por el IGIC que corresponde desde un euro”. El Gobierno de Canarias “ha estado trabajando en la implantación del mismo sistema que tenía el IVA”, transmitió, “pero nos topado con dificultades”. La primera, “montar un sistema informático” propio. Sucede que la Comisión Europea dice ahora que, de toda maneras, habrá que hacer el trámite aduanero, pagar los 3 euros por producto, que no por envío, más la tasa de gestión aeroportuaria. De ahí que el Ejecutivo regional se haya planteado si es adecuado mantener el H7 simplificado. Y han llegado a la conclusión de que “las razones que se argumentaron para sostener esa exención no existen”. En todo caso, están pendientes, “dependiendo siempre de la legislación nacional, de si nos van a permitir seguir utilizando el H7”, y de ver cómo se puede compatibilizar la simplificación aduanera con el cobro del arancel de 3 euros.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife respalda al sector comercial de Canarias respecto a su demanda para la eliminación definitiva de la franquicia fiscal a las importaciones de bajo valor. En tal sentido, ha firmado el escrito formal que portavoces de esta rama de actividad presentaron el viernes al Gobierno autonómico. La iniciativa está apoyada por todas las organizaciones representativas del sector -grandes superficies, comercio mediano y pequeño comercio- y de las cámaras de comercio.

En efecto, el próximo mes entrará en vigor el Reglamento 2026/382, que introduce un nuevo marco para los envíos de bajo valor en toda la Unión Europea, el cual suprime la franquicia arancelaria de 150 euros, establece un arancel fijo de tres euros por línea declarativa y generaliza la declaración aduanera obligatoria. Ese escenario supone un cambio estructural: aunque se pasa a gravar la totalidad de los envíos, Canarias mantiene de momento la exención del IGIC, lo que “genera una divergencia fiscal difícilmente sostenible”. La UE suprimió en 2021 la exención equivalente en el IVA por razones de fraude, pérdida de recaudación y distorsión de la competencia.

En la actualidad, “Canarias es el único territorio del entorno europeo en el que los envíos de comercio electrónico de bajo valor no tributan ningún impuesto indirecto en el destino”. El resultado es “una asimetría estructural, ya que el comercio en Canarias tributa IGIC (el tipo general del 7% o el ampliado del 15%), mientras que las plataformas extracomunitarias venden sin carga fiscal. Esta situación “afecta directamente a cerca de 160.000 empleos”.

Una media diaria de 170.000 envíos: la mitad, por menos de 150

En Canarias se distribuyen cada día una media de 170.000 envíos de comercio electrónico, de los que aproximadamente la mitad son de valor inferior a 150 euros y “entran sin pagar impuestos, sin crear empleo local y con un impacto directo y creciente sobre el comercio presencial canario”. Además, el modelo de distribución masiva de paquetería extracomunitaria genera un aumento considerable de emisiones derivadas de los procesos de entrega y del volumen de residuos procedentes de envases y embalajes”.

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