La Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias (Fedeco Canarias) agradeció ayer que la prevención policial y de otros profesionales de la seguridad, la coordinación institucional y la responsabilidad de la ciudadanía contribuyeran a evitar que las convocatorias vinculadas a Blocus se tradujeran en episodios de violencia, saqueos y destrozos en el comercio de Tenerife.
Sin embargo, la Federación advierte de que la ausencia de disturbios no significa que no haya habido perjuicios. El temor a posibles incidentes llevó, según las estimaciones preliminares del sector, a que alrededor del 40% de los establecimientos de las zonas comerciales afectadas decidiera cerrar sus puertas, renunciando a una jornada de actividad especialmente importante para la campaña comercial de Halloween.
Así, señalan que a las ventas que no se produjeron se suman los gastos extraordinarios que numerosos comerciantes han tenido que afrontar para proteger sus negocios, instalando paneles de madera, reforzando accesos y blindando escaparates ante el riesgo de posibles actos vandálicos. Una situación excepcional que supone un coste económico adicional, especialmente difícil de asumir para el pequeño comercio.
“No podemos celebrar que no se hayan producido destrozos y olvidarnos de los negocios que han tenido que cerrar por miedo, de las ventas que se han perdido y de los comerciantes que han tenido que gastar dinero para proteger aquello que tanto esfuerzo les ha costado construir. El miedo también tiene consecuencias económicas y alguien debe poner esta realidad sobre la mesa”, señala Fedeco.
La Federación considera preocupante que se pueda llegar a normalizar una situación en la que los empresarios tengan que blindar sus establecimientos para poder desarrollar su actividad. “El comercio no puede convertirse en rehén de convocatorias que, bajo cualquier justificación, puedan derivar en amenazas, saqueos o violencia”, indica.
Finalmente, la federación de comercio de Canarias reclama que se mantenga la vigilancia y la prevención, que se proteja la actividad económica y que se estudien posibles medidas de apoyo para los establecimientos que hayan tenido que afrontar gastos extraordinarios de seguridad y protección.
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