El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una reforma de gran calado que modifica por completo el acceso al sector del transporte por carretera en España. Los nuevos cambios en el CAP (Certificado de Aptitud Profesional) introducen un modelo mucho más flexible y adaptado a los tiempos modernos, con el claro objetivo de paliar la grave crisis de vacantes que sufren las empresas logísticas y de transporte de viajeros. Esta actualización legal transforma las dinámicas de las autoescuelas y centros homologados en Canarias, abriendo de par en par las puertas a la digitalización de la enseñanza teórica.
Nuevos cambios en el CAP: el fin de las aulas tradicionales
La principal novedad de la normativa radica en la autorización para impartir una parte sustancial de la formación obligatoria a través de internet. Hasta la fecha, la presencialidad total suponía una barrera de acceso para muchos aspirantes que debían compaginar sus estudios con otras actividades laborales.
Con la nueva estructura aprobada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las modalidades de aprendizaje se dividen de la siguiente manera:
- Curso ordinario (280 horas totales): Se podrán cursar de manera online en aula virtual hasta 166 horas de la carga lectiva.
- Curso acelerado (140 horas totales): Los alumnos tendrán permitido realizar por vía telemática un máximo de 92 horas teóricas.
A pesar de este notable avance hacia la flexibilidad digital, la normativa estatal mantiene límites inamovibles. Las clases prácticas de conducción en camiones y guaguas, así como las evaluaciones oficiales, seguirán requiriendo la presencia física obligatoria del alumno. Además, las plataformas digitales empleadas por las autoescuelas deberán garantizar una conexión síncrona. Esto significa que tanto el profesor como los alumnos deben interactuar en tiempo real, evitando así grabaciones o cursos automatizados sin supervisión directa.
Adiós a la biometría y mayor control del fraude en el transporte
Otro de los puntos que ha llamado la atención de los profesionales del sector es la supresión definitiva del control biométrico obligatorio. Esta tecnología, que monitorizaba los accesos de los alumnos mediante huella dactilar o reconocimiento facial, deja de ser un requisito imprescindible debido a las trabas administrativas y las reticencias ligadas a la protección de datos personales. A partir de ahora, los centros de formación técnica podrán recurrir a métodos de verificación tradicionales como los registros digitales de firmas u otros sistemas equivalentes de control de asistencia.
Paralelamente a esta simplificación, el Gobierno ha decidido blindar la limpieza y la seguridad jurídica de las pruebas de evaluación. Las medidas contra el fraude se vuelven extremadamente punitivas: cualquier aspirante que sea detectado utilizando dispositivos electrónicos no autorizados —como teléfonos móviles, auriculares ocultos o relojes inteligentes— durante el examen oficial será expulsado de inmediato de la sala. Además de la descalificación automática, el infractor perderá el derecho a presentarse a una nueva convocatoria durante un plazo de 12 meses.
Estas variaciones regulatorias entrarán en vigor de forma oficial a los tres meses de su publicación en el BOE. Con esta estrategia, las autoridades buscan agilizar los trámites burocráticos y acelerar la incorporación de nuevos conductores profesionales al mercado laboral de las islas Canarias y del resto del territorio nacional, asegurando la continuidad de un servicio estratégico para la economía insular y peninsular.
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