El monumento a la Victoria, más conocido como monumento a Franco, en la capital tinerfeña sigue en espera a que el Ayuntamiento de Santa Cruz, titular de la obra de Juan de Ávalos, decida sobre su futuro en base a lo que le obligue la ley canaria de Memoria Histórica, en la cual el Gobierno regional debe de aprobar la estrategia y el catálogo de vestigios franquistas, cuyo documento final, aún en borrador, será el que obligue o no a retirar la escultura que preside la avenida Francisco La Roche con la Rambla.
El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, abogó ayer por “resignificar” esta obra y, como portavoz del grupo municipal Popular, exigió al Ejecutivo regional que “comunique oficialmente, y cuanto antes, si el monumento se declarará o no como Bien de Interés Cultural (BIC) y será incluido en el catálogo, pues no puede someterse a los chicharreros a una larga espera que, además, también nos impide intervenir en la mejora del entorno por decisiones y expedientes que se eternizan”.
Tarife explicó a DIARIO DE AVISOS que su área, encargada del mantenimiento de las fuentes públicas, tiene preparados dos modelos de actuación en dicho lugar, tanto si se elimina como si se mantiene la obra. “Pero no podemos hacer nada mientras el Gobierno, tanto canario como nacional, siga abducido por leyes de Memoria Histórica y sin aplicar el sentido común. Lo que pasa en España no ocurre en el resto de Europa, pues solo hay que mirar a Auschwitz (Alemania), donde ni se quita ni se destruye nada de lo que pasó solo para no olvidar un pasado que no puede repetirse”, subrayó.
En contra de la ley
El concejal rechazó “destruir, guardar o retirar cualquier símbolo artístico de la época, bien sea el monumento a Franco, la torre de la plaza de España o los leones del puente Serrador. Lo que hay que hacer es reparar y resignificar y, por ello, desde el PP no estamos a favor de la ley de Memoria Histórica en este sentido, sino en el de dignificar y reconocer a las víctimas de la dictadura sin que ello implique tener que sacrificar elementos”.
En este sentido, Tarife anunció que pedirá a su partido en el Parlamento que inste al Gobierno estatal a una modificación normativa para que no se obligue a los ayuntamientos a retirar o destruir símbolos arquitectónicos sino a resignificarlos, pues lo que plantea la ley no soluciona un problema sino que genera otro mayor, ya que no se sabe quién pagará todo esto”.
El portavoz popular incidió en que solo en Canarias existen unos 450 vestigios franquistas, de los que 225 se ubican en Santa Cruz. “¿Será el Ayuntamiento, entonces, quien tenga que costear el enorme gasto que supondrá retirar o destruirlos si se aprueba un catálogo sin ficha financiera?”, cuestionó Tarife.
Así apuntó que “en Canarias coexisten muchas otras prioridades a las que destinar el enorme coste que supondrá cumplir con esta ley. Hacen falta más viviendas, generar empleo o mejorar servicios sociales antes que derrochar recursos públicos en destruir elementos sin una base coherente. Si al final nos obligan a retirar la obra se cumplirá, pero la filosofía nacional de esta norma estatal no la compartimos por no ser integradora”.
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