El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha defendido limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros en el Archipiélago mediante cambios legales, especialmente para quienes no pretendan residir en las Islas y adquieran inmuebles con fines especulativos.
Cabello ha situado el debate en el impacto de la demanda exterior sobre el mercado inmobiliario canario. Según ha señalado, el 35% de las viviendas vendidas el año pasado en Canarias fueron adquiridas por extranjeros y unas 90.000 viviendas habrían pasado a manos de compradores foráneos en la última década.
Los datos disponibles apuntan en esa dirección. DIARIO DE AVISOS publicó en abril que, entre 2016 y 2025, Canarias concentró en torno al 10% de todas las viviendas compradas por extranjeros en España, con una media del 35,3% sobre el total de operaciones en las Islas.
Qué propone Coalición Canaria
El viceconsejero, también dirigente de Coalición Canaria, ha asegurado que la formación tiene “muy claro” que hay que limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros, aunque ha advertido de que no existen “recetas mágicas” ni soluciones inmediatas.
“Lo que hay que hacer es modificar la ley”, ha afirmado Cabello, que ha vinculado la estrategia al marco europeo. Según ha explicado, la normativa de la Unión Europea no permite aplicar restricciones “de forma sencilla”, por lo que Canarias trabaja en una vía jurídica que pase por modificar la Ley de Bases de Régimen Local.
El objetivo sería dar más margen a los ayuntamientos para actuar en sus municipios y, al menos, encarecer la adquisición de vivienda a quienes no quieran vivir en Canarias y compren inmuebles como inversión. Esta línea ya fue planteada por el Gobierno autonómico en 2025, cuando defendió que el Estado podía habilitar a los municipios para adoptar medidas que condicionen el acceso a la vivienda por parte de no residentes.
El problema de fondo: menos vivienda disponible
Cabello ha calificado los datos como “preocupantes” porque, a su juicio, reflejan que cada vez queda menos vivienda “en manos de quienes viven y construyen Canarias”. La declaración se produce en un contexto de fuerte presión sobre el acceso residencial, con precios al alza y un peso relevante de la demanda internacional.
Cabello también ha señalado que la política de vivienda debe ir acompañada de medidas para fijar población en las medianías y en las islas que han perdido dinamismo demográfico en los últimos años.
La idea, según el viceconsejero, es explorar “todas las medidas posibles” para que la vivienda siga vinculada al proyecto de vida de la población residente. En la práctica, esto conecta el debate inmobiliario con otros asuntos estructurales del Archipiélago: el precio del suelo, la presión turística, la falta de vivienda asequible, la pérdida de población en determinadas zonas rurales y la dificultad de los jóvenes para emanciparse.
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