La Plataforma Vecinal Barquera de El Médano, conocida por su lucha contra los emisarios submarinos y la proliferación de vivienda vacacional, hizo ayer pública su “más firme y rotunda oposición” al proyecto del Ayuntamiento de Granadilla de Abona para instalar dos chiringuitos en las playas de El Cabezo y La Jaquita.
La plataforma vecinal, que colabora en las alegaciones ya presentadas con Salvar La Tejita y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, denuncia que los proyectos en El Cabezo y La Jaquita vulneran la Ley de Costas, amenazan la Red Natura 2000 y carecen de evaluación de impacto ambiental obligatoria.
“Se trata de una infraestructura que el vecindario no ha pedido, no necesita y que la propia normativa de costas y de conservación ambiental hace, a todas luces, inviable”, manifiesta el colectivo vecinal en un comunicado remitido a este periódico por ATAN.
En él se indica que El Médano lleva años soportando los efectos de una “hiperturistificación” que ha desbordado su capacidad de acogida, “desplazando a quienes vivimos aquí”.
Aseguran que “nuestras calles acumulan basura, los vecinos sufren niveles de ruido crecientes, el aparcamiento es una batalla diaria, el litoral arrastra episodios recurrentes de contaminación fecal y la vivienda vacacional nos expulsa y desnaturaliza el tejido social del pueblo”.
Ante este escenario, la plataforma denuncia que privatizar el dominio público para implantar más negocios de restauración no responde a ninguna necesidad social ni es es una mejora de servicio: “Se trata de “un agravante más sobre un territorio ya al límite”.
En la nota se indica que el artículo 32.1 de la Ley de Costas es taxativo: solo puede ocuparse el dominio público marítimo-terrestre con actividades que, por su propia naturaleza, no puedan ubicarse en otro lugar. “El entorno inmediato de ambas playas cuenta ya con más de una decena de establecimientos hosteleros en suelo urbano consolidado, plenamente capaces de cubrir cualquier demanda de servicio” y recuerda que la jurisprudencia -de la Audiencia Nacional y del TSJC- es clara: la mera conveniencia comercial no justifica la ocupación excepcional del dominio público.
A ello se suma -agrega- que, en el caso de El Cabezo, la Dirección General de Costas, a raíz de la aprobación definitiva del dominio público de la costa, requirió al Ayuntamiento en 2023 la demolición del aparcamiento construido sobre la playa y la restitución del terreno a su estado natural.
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