El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la condena al Servicio Canario de la Salud (SCS) a indemnizar con más de 745.000 euros a la familia de una enfermera de 51 años que falleció asfixiada en el Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín.
La paciente sufrió el colapso respiratorio tras la mala colocación de un catéter que provocó la acumulación de cuatro litros de nutrición parenteral en sus cavidades pleurales.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma de este modo la sentencia dictada por el Juzgado número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. La resolución fija una indemnización principal de 659.387 euros que, junto a los intereses devengados desde la reclamación tramitada en enero de 2023, supera los 745.000 euros, según ha informado el bufete Henríquez y Carnero Abogados, encargado de la representación legal de los demandantes.
Daño desproporcionado
Los magistrados fundamentan el fallo en la doctrina del daño desproporcionado, al determinar que el fallecimiento resultó completamente ajeno a la evolución clínica prevista para la paciente, diagnosticada de enfermedad de Crohn, quien fue intervenida en enero de 2022.
Como parte del tratamiento postoperatorio, los facultativos le implantaron un catéter venoso central de inserción periférica para administrarle suero alimenticio.
La inadecuada posición del dispositivo derivó en el vertido continuado del preparado en los pulmones de la mujer, provocando su muerte por asfixia progresiva.
Contundente reproche judicial a la sanidad pública
El Servicio Canario de la Salud alegó en su recurso que el líquido acumulado correspondía a una fuga de linfa y no a la nutrición parenteral, basándose en las notas clínicas de los médicos de guardia.
No obstante, la magistrada ponente Inmaculada Rodríguez Falcón ha rechazado de plano la tesis oficial al dictaminar que las anotaciones manuales no poseen el valor probatorio de un informe pericial formal.
El tribunal afea a la Administración pública la falta de una hipótesis alternativa con base científica sobre la causa de la muerte. “No podemos aceptar como explicación que no se lo explican los propios médicos”, concluye tajante la sentencia firme, que cierra definitivamente la vía judicial.
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