El Consejo de Ministros aprueba este martes declarar la futura central hidroeléctrica de Güímar, en Tenerife, de titularidad del operador del sistema. Esta obra clave para la descarbonización del Archipiélago contará con una inversión superior a los 1.000 millones de euros.
Según confirman a DIARIO DE AVISOS fuentes del Gobierno de España, la planta almacenará energía a gran escala. La infraestructura estabilizará el suministro de Tenerife y La Gomera, sistemas conectados desde el 1 de julio de este año.
Esta obra se suma al Salto de Chira-Soria, en construcción en Gran Canaria. Ambos proyectos forman parte de la estrategia estatal para reducir la dependencia de combustibles fósiles en las Islas. Las infraestructuras abaratarán la factura eléctrica y acelerarán la transición hacia un modelo energético cien por cien renovable en Canarias.
Un tercio del consumo diario de Tenerife
La futura planta tendrá una potencia de 200 megavatios. Su almacenamiento rondará los 3.200 megavatios hora, equivalente a un tercio de la demanda eléctrica diaria de la Isla.
En periodos con excedente renovable, la planta elevará agua a una balsa superior. En momentos de alta demanda, soltará el agua para generar electricidad mediante turbinas.
La instalación se ubicará en los barrancos de Güímar, sobre un suelo degradado por la extracción de áridos. Esto permitirá la restauración ambiental de la zona. El emplazamiento se seleccionó tras estudiar más de 60 opciones junto a los municipios. La vida útil estimada de la central supera los 75 años.
Ahorro de 200 millones anuales en costes
La inversión supera los 1.000 millones de euros, pero el proyecto se amortizará en un plazo corto. Las fuentes oficiales estiman que Güímar ahorrará 200 millones de euros anuales en costes energéticos a Canarias.
La central complementará al Salto de Chira-Soria. Este proyecto de Gran Canaria contará con 200 megavatios de potencia y una desaladora propia. Permitirá reducir un 20% las emisiones de dióxido de carbono en la isla vecina.
Cambios en la tarifa de las Islas
El Ministerio para la Transición Ecológica tramita además un segundo concurso de potencia firme de 820,5 megavatios. De ellos, 707,5 megavatios se destinarán a Canarias para cubrir las necesidades previstas en el año 2031. La convocatoria penalizará a las centrales que superen los 40 años de antigüedad.
Asimismo, el Gobierno tramita una reforma normativa con dos objetivos básicos. El primero es regular el almacenamiento de electricidad mediante baterías independientes e hibridadas. El segundo busca modificar la retribución de la energía renovable en el Archipiélago.
Actualmente, la energía verde en las Islas se paga según el mercado peninsular. La reforma sustituirá el precio diario por la media del último año móvil. Esto garantizará una retribución estable para atraer inversiones en nuevos parques eólicos y fotovoltaicos.
Medidas de emergencia para evitar apagones
El plan estatal se apoya en normativas recientes como el Real Decreto-ley 7/2026. Esta norma agiliza las zonas de aceleración renovable y autoriza instalaciones de emergencia por seguridad de suministro.
A esto se suma el Real Decreto-ley 18/2026, aprobado en junio. Este decreto habilita reservas con baterías en sistemas aislados para responder ante caídas de red. Las fuentes gubernamentales destacan que esta medida resulta vital para prevenir apagones en islas de menor tamaño como La Palma.
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