La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias ha reconocido que los problemas generados por el sistema informático Atlante están afectando al normal funcionamiento de los juzgados canarios, si bien descartan que haya derivado en una parálisis total de los mismos sino que se trata de “una ralentización generalizada en el funcionamiento” y que, “si bien con un rendimiento inferior al habitual, el sistema ha permanecido operativo en todo momento”.
Sea como fuere, cabe recordar que la Consejería responde así a la queja oficial elevada horas antes desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en cuyo comunicado se detallan aspectos tan alarmantes como que los jueces y magistrados llevan desde el pasado miércoles sin poder firmar resoluciones.
La dirección general de la justicia autonómica explica ahora que “desde el primer momento se publicó un comunicado informativo en la intranet, que fue igualmente trasladado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a las Secretarías Coordinadoras Provinciales, a la Secretaría de Gobierno y a las organizaciones sindicales. Durante estos tres días se ha trabajado de manera continuada y coordinada con la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos y con las empresas responsables del desarrollo, mantenimiento y despliegue de Atlante, con el objetivo de identificar el origen de la incidencia y proceder a su resolución”.
“Paralelamente -continúa el comunicado del citado departamento regional-, se ha prestado ayuda y soporte a las personas usuarias afectadas, con especial atención a los órganos y servicios de guardia, a fin de garantizar la continuidad de las actuaciones judiciales urgentes”.
También responden sobre el problema con las firmas al detallar que, “ante las dificultades detectadas, se ha habilitado y difundido una solución alternativa que permite continuar con la firma de documentos. Las instrucciones correspondientes han sido publicadas en la intranet, y comunicadas a Presidencia del TSJ, secretario de Gobierno, sindicatos y los órganos afectados”.
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