El radar de tramo y velocidad de la TF-2, ubicado en el kilómetro 1 a la altura de Santa Cruz de Tenerife, se ha situado como el cuarto cinemómetro que más multas impone en toda España.
El dispositivo registró un total de 49.641 denuncias a lo largo del año 2025, según consta en el último informe sobre la red viaria publicado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
El ‘súper radar’ tinerfeño ha experimentado un incremento drástico en su nivel de captación respecto al ejercicio anterior. Durante 2024, en su periodo inicial de puesta en marcha, el cinemómetro contabilizó 1.358 sanciones.
La consolidación de este punto de control en la vía autonómica ha situado a Tenerife en el mapa nacional de la máxima intensidad sancionadora de la Dirección General de Tráfico (DGT), solo por detrás de tres dispositivos ubicados en la Comunitat Valenciana y Navarra.
La recaudación por velocidad se dispara un 75% en Santa Cruz de Tenerife
El impacto de este cinemómetro y del resto de controles desplegados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se refleja directamente en el balance económico. Los ingresos por sanciones de tráfico alcanzaron en la provincia los 14.243.109 euros en 2025, lo que representa un crecimiento del 23,08 % frente a los 11.571.350 euros liquidados durante el año 2024.
En el apartado específico de las sanciones derivadas por excesos de velocidad, las arcas estatales recaudaron 4.605.335 euros en la provincia tinerfeña, cifra que supone un repunte del 75,29 % en comparación con los 2.627.244 euros contabilizados en el periodo previo.
Por su parte, Gran Canaria también figura en el escalafón de los 50 radares más activos del país. El dispositivo instalado en el kilómetro 42 de la GC-1 registró un total de 15.927 multas en 2025, superando las 11.403 interpuestas en el año 2024.
Récord de la DGT: casi 250 millones de euros
En el conjunto del Estado, la red de radares de la DGT alcanzó una cifra récord de recaudación al sumar 246.802.934 euros, un 14% más que en el periodo anterior.
De acuerdo con el estudio de la AEA, este incremento global no responde a un deterioro en la disciplina de los conductores, sino a la puesta en funcionamiento de nuevos cinemómetros estratégicos en vías de alta capacidad.
La organización destaca que un grupo de solo 50 radares —entre los que se sitúa el de la TF-2— concentró 1.342.285 denuncias, lo que equivale a casi la mitad del impacto económico total de las campañas de control de velocidad en España.
El punto de mayor actividad nacional se localizó en la provincia de Valencia (A-7, km 326), con 90.766 multas.
Debate sobre la ubicación de los dispositivos
El volumen de denuncias en autovías ha reabierto el debate sobre la función de estos mecanismos. El presidente de AEA, Mario Arnaldo, sostiene que la DGT prioriza la instalación de radares en vías rápidas frente a la red secundaria.
Arnaldo remarca que cerca del 70 % de los accidentes con víctimas mortales se producen en carreteras convencionales, por lo que solicita revisar el emplazamiento de los cinemómetros para orientarlos a la prevención de la siniestralidad y no a la capacidad recaudatoria.







