Hace un año y medio, la compañía Canarias Seafood, que dirige José Manuel González, presentó al Gobierno autonómico el proyecto de engorde de atún rojo (Thunnus thynnus o patudo en el Archipiélago) y rabil (Thunnus albacares) con el que, según remarca, las Islas “podrían aprovechar el 100% o casi de su cuota anual de capturas de patudo y salir beneficiados todos”. Una idea que ya se desarrolla en Murcia con éxito, en Cataluña, en zonas del norte de España con gran arraigo pesquero (como el Cantábrico), en gran parte de Europa (sobre todo en el Mediterráneo) y en el litoral de Marruecos, pero que en Canarias, de momento, se enfrenta al rechazo de las federaciones provinciales de pesca, una voz crítica que determinados portavoces de la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria han hecho suya en algunas intervenciones públicas.
González subraya que, “pese a lo que se ha dicho, mi empresa no es ninguna multinacional. Tenemos una experiencia de 35 años en el mundo del atún y, al ver cómo está el mercado y lo que se está haciendo en toda la cuenca del Mediterráneo y en el Cantábrico, consideramos que lo que queremos hacer ya no es un proyecto sino una actividad solvente y eficiente, como se demuestra, por ejemplo, en esos lugares de la Península. Por estas razones, el proyecto inversor previsto (con ubicación en Tenerife) ya ha iniciado su tramitación administrativa en varios frentes, tras el aval dado por Madrid y la Unión Europea (UE) y con el visto bueno otorgado por el organismo internacional ICCAT en su reunión anual de Sevilla, que es como se empieza este camino”.
Canarias Seafood solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la posibilidad de desarrollar un proyecto piloto en Canarias similar a los ya puestos en marcha en el resto del país y esto se vio bien. Por ello, lo elevó a la Comisión Europea, que lo aceptó, y luego lo llevó a la reunión del ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) del 25 de noviembre pasado en Sevilla. Hasta aquí, todo perfecto.
Ahora bien, “desde enero de 2025, la consejería regional tenía conocimiento del proyecto y se convocó una reunión con las tres federaciones de cofradías de Canarias (dos provinciales y una regional) para exponerles la actividad, cita en la que se quedó en volver a hablar más adelante, algo que no ha vuelto a ocurrir. Y lo hemos intentado en muchas ocasiones, pero se han negado rotundamente a vernos de nuevo y nosotros hemos seguido con el proyecto”, explica González.
Según detalla el promotor, la sorpresa desagradable se la lleva cuando, “teniendo las autorizaciones para desarrollarlo, y se debió empezar el 15 de marzo de este 2026, hay manifestaciones públicas en contra por parte de esas federaciones, incluso diciendo que no conocían el proyecto, cuando fueron unos de los primeros receptores de información. Nos sorprende luego la postura de representantes políticos en algunas administraciones públicas, que se pronuncian en contra sin tener conocimiento del proyecto piloto. Si lo conocieran, ya después cada uno es libre de opinar, pero no sin antes conocerlo, porque, al fin y al cabo, mi empresa también es de Canarias. Sólo conocen la parte distorsionada de las federaciones, sin llamarnos. Solo se ha interesado la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento de Canarias, a la que estoy muy agradecido por permitirme explicar el proyecto, con posterior intercambio de ideas y opiniones, incluso con discrepancias, pero un punto de diálogo siempre es importante”.
La inversión parcial ya realizada: 350.000 euros
Tras esos procesos, según lamenta, “todo lo demás han sido problemas y arriesgar la inversión. Consideramos que el proyecto es bueno para el subsector pesquero y el atunero de Canarias porque no hay otra: el engorde del atún es el presente y futuro. Siempre se lamenta en el sector primario que la gente joven no se incorpore a estas actividades y, por una vez, los canarios tenemos la oportunidad de desarrollar un proyecto importante para buscar una rentabilidad máxima de la cuota anual de capturas de atún rojo en las islas, este 2026 en 568 toneladas, y llevarlo al mercado premium, léase Japón, Estados Unidos, resto de Europa, Emiratos Árabes, China…, algo que sólo se consigue con ese modelo. Con el actual mecanismo de capturas, resulta más difícil y menos eficiente: no se puede conseguir ese objetivo”.
Según los datos oficiales, “que no discuto y ojalá sea así, este año, por ahora, se han capturado 440 toneladas, que es más que en todo el ejercicio anterior, pero, aun así, nunca hemos llegado a cubrir el cupo, y siempre quedan 100 o 150 toneladas sin pescar. El año anterior, por ejemplo, quedaron 400 toneladas por pescar”.
Tal y como insiste José Manuel González, con su proyecto se intenta rentabilizar al máximo ese cupo, “y que el pescador canario cobre el mismo precio que el del Cantábrico, ya que la empresa pretende comprar todo el cupo a los pescadores isleños sin tener que salir a pescar, lo que supone una inyección económica al comienzo de la campaña. Y no nos engañemos: el atún rojo nunca ha sido aquí la principal actividad pesquera, pero con esta posibilidad todos los armadores contarían con una inyección económica para afrontar el resto de la campaña, de las otras pesquerías de túnidos. Ello quiere decir que venderían todos los kilos que tengan autorizados de atún rojo a través de un cobro garantizado, lo que no sucede ahora”.
Sobre la negativa de algunos representantes públicos del Gobierno de Canarias, se pregunta “por qué hay que tener miedo a probar cosas que ya funcionan muy bien en otros sitios. Es un proyecto piloto que tiene autorizado el ICCAT (con cuotas aprobadas), la Comisión Europea y el Gobierno de España. Son cupos de 250 toneladas de atún rojo y 250 de rabil al año: vamos a probar y a llevarlo adelante. No se trata de quitar esfuerzo pesquero a nadie ni de limitar capturas a otros. Por lo tanto, por qué esa reticencia de las cofradías, ya que esto no obliga a nadie a vender su cupo y pueden mantenerse, los que lo deseen, en la pesca tradicional. Ellos no tienen derecho a coartar posibles soluciones y salidas de productos pesqueros de calidad, además obtenidos con cuotas aprobadas y con garantías máximas de sostenibilidad (justo de lo que se encarga el ICCAT), hacía unos mercados premium que ahora son imposibles para la flota artesanal”.
Además, González recuerda que “este año se modificó el real decreto que regula la pesquería del atún rojo, permitiendo que la flota artesanal pueda vender su cuota a cualquier operador de la Península, también en Canarias. Según la propia exposición de motivos de la norma, esta modificación se justifica por la necesidad de adaptar la regulación al incremento de la cuota española y a las nuevas normas internacionales y europeas, a lo que se une la introducción de mecanismos de mayor flexibilidad y optimización en la gestión de las cuotas”.
Sin embargo, “esta medida puede tener un efecto claramente perjudicial para Canarias ya que limita las posibilidades de que una empresa isleña, al no existir aún proyectos de engorde en las Islas, pueda acceder a la compra de esas cuotas, por las que seguro van a optar los proyectos de acuicultura de atún rojo ya en marcha en el resto de España. Como consecuencia, favorece que el valor añadido generado por la captura, transformación y comercialización del atún rojo termine fuera del Archipiélago. Entendemos que la eficiencia en la gestión del recurso no debe ir en detrimento del desarrollo económico local ni de la capacidad de las empresas canarias para participar en igualdad de condiciones en una actividad estratégica para nuestra economía”, explica.
Esta iniciativa inversora ya ha supuesto a Canarias Seafood un desembolso de 350.000 euros (el presupuesto total en su primera fase es de 3,5 millones de euros, y el global final, unos siete), “solamente en el proyecto y para lograr los permisos medioambientales. Este dinero, si no se desarrolla el plan, se tira a la basura, al mar, en este caso. Los permisos se pueden prorrogar y ya hemos solicitado comenzar en 2027, con el deseo y el convencimiento de que las administraciones públicas implicadas apoyarán esta inversión porque es el presente en el resto de España y en otras regiones europeas y africanas, y sin duda será el futuro de esta pesquería de túnidos en Canarias, además gestionada en todas sus fases por una agente local”, subraya José Manuel González.
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