El Ayuntamiento de Güímar afronta una creciente polémica por la instalación en el Puertito de 28 piezas prefabricadas de hormigón -originalmente concebidas como pozos de alcantarillado y reconvertidas en jardineras con palmeras plantadas en su interior-, una actuación que ha generado el profundo rechazo de los grupos de la oposición, Coalición Canaria, PSOE y Unidas Podemos, quienes cuestionan tanto el procedimiento de contratación como el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y la afección al paso de los servicios de emergencia.
Es por ello que el PSOE de Güímar presentó recientemente, por registro de entrada, una batería de preguntas dirigidas al gobierno municipal que preside Carmen Luisa Castro (PP), en las que reclama conocer el coste de las piezas, si su adquisición se ajustó a la Ley de Contratos del Sector Público, los motivos técnicos detrás de esta decisión, así como si la instalación va acompañada de un plan de accesibilidad para el paso de ambulancias y otros servicios de urgencia por la zona.
Unidas Si Podemos recordó al equipo de gobierno en el penúltimo pleno municipal que la localidad “no es una propiedad particular sobre la que se pueda actuar sin justificación”, e insistieron en que el espacio público pertenece a los vecinos.
Desde el área de Obras y Jardines, el concejal José Miguel Hernández defendió la decisión y explicó que la zona afectada, que da acceso a una zona peatonal y a garajes de particulares, mantenía anteriormente el paso peatonal delimitado con pilonas, que además, según afirmó, se rompían con una frecuencia de “tres a cuatro unidades al mes”, un gasto que obligaba a tomar una decisión.
Es por ello que el Ayuntamiento instaló dichas jardineras, que han permitido “ganar en espacio y embellecer la zona”. El edil también negó que estas piezas impidan el tránsito de vehículos de emergencia, ya que se colocaron retranqueadas respecto a la posición original de las pilonas, una circunstancia que, aseguró, ha podido comprobar “personalmente al ver pasar ambulancias por el lugar”.
Fuentes de la Concejalía señalaron no conocer con exactitud las bases técnicas y el importe final de la actuación, aunque consideraron que la cuantía “no habría superado el umbral que obligaría a tramitar una licitación pública”. Indicaron que el encargo se realizó a un proveedor y que, en caso de no haberse presentado aún la factura correspondiente, esta se aportará en su momento.
Dicha Concejalía estuvo dirigida hasta hace cuatro meses por Francisco Armas, quien presentó su dimisión, lo que ha derivado en la actual gestión compartida del área entre el concejal y la alcaldesa.
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