El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Políticas Sociales, ha abierto una investigación a raíz del nuevo caso de agresión sexual ocurrido el pasado jueves a una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de la capital. La denuncia, que viene a sumarse a las siete anteriores ocurridas en poco más de un año, y que adelantó DIARIO DE AVISOS en su edición de ayer, se produjo cuando la auxiliar fue acorralada contra la pared por el marido de la usuaria a la que atendía en la vivienda conyugal, quien comenzó a tocarle violentamente los pechos hasta que la trabajadora pudo soltarse y huir del presunto agresor y de la casa.
Ante el octavo caso de agresiones sexuales que ha sido denunciado por parte de las empleadas municipales, cuyo servicio está a cargo de la empresa Atende, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, explicó que tras ser informada por la concesionaria se ha paralizado durante quince días el servicio de ayuda en el domicilio en el que ocurrieron los hechos.
“En este tiempo se llevará a cabo una investigación por parte de trabajadoras sociales sobre lo ocurrido, pues aunque en sí es un delito, y quien lo hace debe acabar ante la Justicia, por otra parte también hay que velar por el bienestar de la propia usuaria, que realmente no ha sido la agresora. Hay que hacer un seguimiento exhaustivo del caso y después tomar una decisión”, añadió.
Pese a ello, la edil mostró su total apoyo a la víctima y al resto de trabajadoras del SAD municipal, a quienes animó siempre a denunciar. En este sentido, González reconoció que tras las siete denuncias por agresión sexual registradas en el servicio hay que buscar medidas que eviten que se produzcan nuevas vejaciones, bien la suspensión total a los usuarios, que ya se ha hecho en casos anteriores, o bien que sea un auxiliar masculino quien preste la ayuda domiciliaria”.
Baja laboral
Respecto a la denegación de la baja a la trabajadora agredida por parte de la mutua, al no reconocer dicha situación como accidente laboral, tal y como denunció la presidenta del comité de empresa del SAD, Verónica González, la concejala del área subrayó que “según me ha trasladado la propia empresa se ha derivado nuevamente a la auxiliar a la mutua para que vuelva a ser valorada, ya que entiende que tiene este derecho reconocido. Aparte se ha activado el protocolo de actuación ante situaciones de riesgo y se le ha ofrecido atención psicológica a la auxiliar”.
No obstante, desde el comité de empresa se cuestiona la efectividad de estas medidas, pues cuando se produce una denuncia el servicio se suspende temporalmente y la auxiliar afectada no vuelve al domicilio, pero sí acude otra compañera. “Estamos vendidas en las casas”, denunció Verónica González, quien además recordó que el comité de empresa va a presentar ante la Subdelegación del Gobierno un preaviso para convocar una concentración en señal de protesta, la cual se prevé para el próximo 30 de septiembre o principios de octubre.
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