El BOE ha publicado este jueves el Real Decreto 707/2026, que establece por primera vez un reglamento específico sobre accesibilidad cognitiva en España. La norma fija requisitos para facilitar la comprensión de trámites, información, transportes, servicios, procesos electorales y otros ámbitos. Entrará en vigor el 2 de enero de 2027.
El objetivo es reducir las barreras que encuentran las personas con dificultades de comprensión, comunicación o interacción. Para ello, el reglamento introduce herramientas como el lenguaje sencillo, la lectura fácil, los apoyos visuales, los pictogramas y los formatos sonoros o tecnológicos.
La nueva regulación se aplicará en todo el territorio nacional y establece unas condiciones mínimas. Las comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y las entidades locales podrán aprobar medidas adicionales dentro de sus competencias.
Trámites más comprensibles
Uno de los cambios más relevantes afecta a la relación entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas.
Los formularios y solicitudes deberán estar disponibles en lectura fácil, al igual que las guías para completar los procedimientos. Las páginas web y aplicaciones del sector público deberán incorporar apoyos para facilitar la comprensión y el seguimiento de los trámites.
Las comunicaciones con personas con dificultades cognitivas deberán realizarse mediante un lenguaje sencillo y adaptado a sus necesidades. Además, estas personas podrán estar acompañadas por alguien de su elección desde el primer contacto con las autoridades y el funcionariado.
La norma también establece que las adaptaciones necesarias deberán proporcionarse sin coste adicional y que su solicitud no podrá provocar una demora indebida, especialmente cuando estén en juego derechos, prestaciones urgentes, reclamaciones o situaciones de emergencia.
Qué cambia en comercios y servicios
El reglamento también incorpora requisitos para los bienes y servicios a disposición del público.
Los proveedores deberán facilitar la información comercial básica mediante un lenguaje sencillo y, cuando sea posible, con apoyos visuales. Además, deberán disponer de hojas de reclamaciones en formato de lectura fácil.
Las condiciones de contratación, el consentimiento y las instrucciones de uso y consumo deberán trasladarse también mediante lenguaje sencillo.
El reglamento contempla requisitos específicos para los servicios sanitarios y de promoción y protección de la salud, incluidos determinados servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva y los centros veterinarios.
El transporte deberá ser más fácil de entender
La nueva regulación también llega al transporte. Las estaciones, paradas, recorridos y vehículos deberán facilitar una utilización intuitiva y comprensible.
Las señales y avisos deberán adaptarse progresivamente a los principios de accesibilidad cognitiva, con un plazo máximo de 15 años. En la adaptación de las infraestructuras se priorizarán aquellas que registren un mayor tránsito.
Además, el Gobierno elaborará un informe sobre la adaptación técnica de las instalaciones aeroportuarias y ferroviarias, según establece una de las disposiciones adicionales del real decreto.
Las elecciones también tendrán nuevas reglas
La norma modifica además la regulación de la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales.
En los locales electorales deberá haber una persona encargada de explicar los pasos de la votación a quien lo necesite. Las personas con dificultades cognitivas podrán acudir con una persona de apoyo de su elección, siempre dentro de las condiciones previstas para garantizar la libertad y el secreto del voto.
Las comunicaciones sobre las fechas, la mesa, el local y el horario de votación deberán utilizar lectura fácil.
Los partidos políticos deberán publicar sus programas electorales, al menos, en lenguaje sencillo. También deberán promover apoyos visuales y disponer de esos contenidos en formatos como audio o táctil, con excepciones para las formaciones que solo concurran en municipios de menos de 5.000 personas censadas.
También afecta al empleo
En materia laboral, las empresas deberán publicar las ofertas de trabajo, condiciones y requisitos de manera accesible y, en todo caso, en lenguaje sencillo.
Cuando una persona candidata cumpla los requisitos de titulación y experiencia, podrá solicitar sin coste una adaptación de la entrevista de trabajo por motivos de accesibilidad cognitiva. Esta petición no podrá convertirse en causa de exclusión del proceso de selección.
La norma establece además medidas de apoyo en el puesto de trabajo para las personas a las que se aplica este apartado, incluidas adaptaciones relacionadas con horarios, tiempos, carga de trabajo y tecnologías de apoyo.
La nueva regulación, que consta de 21 artículos, incluye también medidas para la cultura, el patrimonio, las telecomunicaciones y la sociedad de la información, además de un régimen sancionador vinculado a las infracciones previstas en la legislación sobre discapacidad.
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