Residentes de la urbanización Los Frailes, en Puerto de la Cruz, denuncian el “abandono” que sufren por parte del Ayuntamiento y del Cabildo de Tenerife tras el inicio de las obras de ampliación de la depuradora de Punta Brava.
Ningún representante político se ha desplazado hasta el momento a la zona para explicarles en qué consisten los trabajos próximos a la estación depuradora de Punta Brava pese a que éstos se iniciaron a comienzos de este mes. Un proyecto que cuenta con 20 millones de euros, 37 meses de ejecución y que afecta directamente a más de 100 personas.
“Como vecinos y vecinas del Puerto de la Cruz nos sentimos abandonados por el equipo de gobierno que no se ha dignado a pasar por el lugar y hablar con nosotros de nuestras dudas y temores de la obra. El proyecto es muy bonito y el papel lo aguanta todo -ironizan-, pero la forma en la que se está llevando a cabo no es la adecuada”, sostienen.
Las principales quejas se centran en el incumplimiento de la normativa ambiental y los horarios de trabajo. La maquinaria comienza a operar entre las 07.00 y las 07.30 horas pese a que la ordenanza municipal establece que debe ser a partir de las 08.00.
Para mitigar las nubes de polvo, los operarios usan mangueras de jardín en lugar de maquinaria especializada, un hecho que agrava la salud de personas asmáticas y alérgicas. “Les afecta mucho y se lo hemos dicho a los operarios pero ellos nos contestan que no pueden hacer nada”, añade uno de los perjudicados.
Otro afectado asegura que le han construido al lado del jardín de su casa un cuarto para toma de luz de media tensión sin previo aviso y sin tener en cuenta que hay niños por la zona. “Mandas un escrito a la Policía Local y no te hacen ni caso”, apunta.
La urbanización Los Frailes, ubicada al lado de la planta depuradora, ha crecido en los últimos años. Calculan que allí viven cerca de 100 personas pero muchas de ellas no residen de forma permanente, por eso no están organizadas ni tienen una asociación vecinal donde canalizar las quejas.
Por este motivo, han presentado reclamaciones a título individual, pero afirman que el Consistorio sigue sin responder a sus dudas sobre ruidos, riesgos o malos olores ni tampoco ha actuado al respecto. “Nos dicen que la obra ha estado en exposición pública pero estamos trabajando, no estamos pendientes de esas cosas”, subrayan.
Aunque reconocen que la obra es necesaria “no van a aceptar que se haga mal y sin respeto a quienes vivimos aquí. Tanto que hablan de medio ambiente, que apliquen la normativa, que hagan mediciones del polvo en suspensión y se riegue de forma adecuada”, añaden.
A estos problemas que afectan la convivencia se suma una posible infracción ambiental. Fue una vecina quien alertó de la destrucción de flora endémica y del vertido de escombros en un terraplén colindante.
“Se han cargado las tabaibas y estaban depositando escombros en un boquete ubicado en un terraplén junto a la depuradora”. Un hecho que puso en conocimiento de la Fundación Telesforo Bravo. Su director, Jaime Coello, lo corrobora.
“Una persona cuestionó si tenían permiso para ello y le contestaron que tenía permiso verbal cuando las autorizaciones verbales en derecho administrativo no existen ni se pueden alegar: o se tiene una licencia o no se puede ejecutar una obra”, certifica.
En este sentido, no tiene claro que la actuación “esté relacionada con la ampliación de la depuradora, porque puede parecer que es una especie de acondicionamiento de un terraplén para una maquinaria que se puede utilizar o no después en la obra pero no hay nada que nos diga que es con esta finalidad”. Debido a ello, considera que tanto el Consejo Insular de Aguas como el Ayuntamiento tienen que pronunciarse al respecto.
De acuerdo a los indicios que hay hasta el momento, Coello cree que “puede haber una irregularidad clara por el vertido de escombros, la destrucción de flora endémica, y la falta de permisos, porque ningún responsable político ha salido a decir qué se está haciendo”.
La Fundación Telesforo Bravo avisa que solicitará informaciones sobre las actuaciones y el procedimiento y exigirá que se depuren responsabilidades si finalmente se demuestra que se ha actuado de manera irregular por parte de las administraciones competentes.
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