La plataforma vecinal No eléctricas-Propano en la Cruz Santa ha elevado la presión sobre los grupos políticos de Los Realejos ante el próximo pleno municipal y exige que cualquier acuerdo sobre la planta de generación de emergencia Tigaiga incluya el rechazo a su instalación en todo el municipio y el compromiso de recurrir a la vía administrativa y judicial si fuera necesario.
“No admitiremos una moción ‘descafeinada’”, advierte el colectivo en un manifiesto difundido este martes, 15 de septiembre. La plataforma reclama que el Ayuntamiento emplee “todos los medios a su alcance” para impedir la instalación de la infraestructura, prevista actualmente en el Polígono Industrial de La Gañanía.
El proyecto, denominado oficialmente Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW-Planta Tigaiga, está promovido por Disa Generación y se tramita ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias bajo el expediente GE25/017.
La documentación sometida a información pública en mayo de 2026 contempla ocho motores-generadores y dos depósitos de propano de 200 metros cúbicos cada uno.
“Ni en La Cruz Santa, ni en La Gañanía”
La plataforma pide a todos los grupos municipales que el próximo acuerdo plenario establezca un rechazo “incondicionado y definitivo” a la planta en cualquier punto de Los Realejos.
El colectivo rechaza que el traslado del proyecto al Polígono de La Gañanía resuelva el conflicto y califica el cambio de emplazamiento como una “trampa administrativa”.
“Ni en La Cruz Santa, ni en La Gañanía, ni en ningún rincón de Los Realejos”, sostiene el manifiesto.
La ubicación actual tiene un antecedente relevante. En junio de 2025, el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción contra el emplazamiento inicialmente previsto y pidió estudiar como alternativa el Polígono Industrial de La Gañanía. El propio Ayuntamiento confirmó entonces tanto su rechazo a la ubicación inicial como la propuesta de buscar una parcela alternativa.
En diciembre de ese año, el Gobierno de Canarias anunció el traslado de la instalación a La Gañanía tras un acuerdo con el Ayuntamiento y la empresa promotora. El Ejecutivo defendió entonces que la nueva localización alejaba la infraestructura de los núcleos de población.
Los vecinos reclaman acciones judiciales
Uno de los puntos centrales del nuevo manifiesto es la exigencia de que el Ayuntamiento asuma un “compromiso jurídico real”.
La plataforma reclama que el pleno acuerde ejercer todas las acciones administrativas y judiciales disponibles, incluidos posibles recursos contencioso-administrativos, si el procedimiento continúa adelante.
También dirige sus demandas al Gobierno de Canarias, ya que la Dirección General de Energía es el órgano competente para autorizar el proyecto. El colectivo pide expresamente que la Administración autonómica deniegue la autorización y cierre el expediente. La competencia de la Dirección General de Energía para tramitar la autorización figura en la documentación oficial del proyecto.
Los vecinos quieren además que el pronunciamiento municipal se traslade al Estado. El Gobierno de Canarias señaló en diciembre de 2025 que la instalación, concebida como infraestructura provisional de emergencia, sería financiada íntegramente por el Gobierno de España dentro de las medidas destinadas a reforzar el suministro eléctrico de Tenerife.
Un plazo: antes de mayo de 2027
La plataforma introduce además una fecha límite. Reclama que la resolución y archivo definitivo del proyecto se produzcan antes de mayo de 2027. “No queremos promesas a futuro ni declaraciones de intenciones vacías de cara a las próximas elecciones”, afirma el colectivo.
Los vecinos insisten en que su oposición no responde a afinidades partidistas y reclaman a todos los grupos de la Corporación que alcancen un acuerdo que, según sus palabras, “no deje resquicios legales” para que el proyecto siga adelante.
La última documentación oficial publicada en mayo de 2026 mantiene una potencia de 14,8 megavatios y cifra el presupuesto de ejecución material en 23,38 millones de euros. El expediente volvió entonces a información pública después de una nueva solicitud presentada por la promotora en enero de este año.
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