El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado íntegramente la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife, más conocida como basurazo, y aprobada por el Pleno del Ayuntamiento capitalino el 19 de diciembre de 2025.
La sentencia, que estima el recurso contencioso-administrativo presentado por el PSOE, centra su dictamen en la manera en que el Consistorio cobra el servicio de recogida de residuos urbanos, al estimar que no debe ser mediante una tasa tributaria municipal sino por precio público a través de la empresa que lo presta, Valoriza. Además, el TSJC condena al Consistorio al pago de las costas judiciales.
La resolución concluye que el Ayuntamiento no podía configurar como tasa tributaria la contraprestación por un servicio cuya recogida y transporte se realizan mediante gestión indirecta, a través de Valoriza. Según añade, la legislación aplicable exigía regular el cobro mediante una prestación patrimonial de carácter público no tributario. Frente a la tesis defendida por el Ayuntamiento, que sostenía que la empresa ejecutaba un contrato de servicios sin asumir riesgo operacional, la Sala considera acreditado que existe gestión indirecta en el sentido previsto por la legislación de haciendas locales.
La resolución subraya que el hecho de que el Consistorio pague a la empresa con independencia de la recaudación municipal no determina por sí solo la naturaleza jurídica del cobro exigido a los usuarios. Un varapalo que no solo afecta al marco contractual sino que crea una inseguridad jurídica respecto al modelo de ingresos que utiliza el 95% de los ayuntamientos del país.
La Sala considera que no se trata de un simple error de denominación, sino de una cuestión que afecta a la categoría jurídica de la prestación, a la potestad ejercida por la Administración, al procedimiento y a las garantías aplicables. Por ello, declara la nulidad de pleno derecho del acuerdo municipal y de toda la modificación de la ordenanza publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 29 de diciembre de 2025.
La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, señaló ayer que la sentencia “se ha centrado en el primer argumento, de los tantos recurridos, para dictaminar su fallo. Por ello, lo que tiene que hacer ahora la ciudadanía es presentar reclamaciones al Ayuntamiento y por su parte el Consistorio aceptar el fallo y devolver el dinero a los vecinos”.
“UN LÍO JUDICIAL”
El alcalde, José Manuel Bermúdez, anunció que el Ayuntamiento “está estudiando la sentencia, pero se recurrirá esta decisión judicial ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación en base al ejercicio de la autonomía municipal y de lo contemplado en la propia ley para intentar salvaguardar el carácter público de la gestión del cobro del servicio mediante tasa”.
El regidor acusó al PSOE de “meter en un lío judicial no solo a Santa Cruz, sino al resto de los municipios de España, además de a la ciudadanía, al crear una incertidumbre centrada en obligarnos a aplicar esta fórmula del precio público”. Apuntó que también “elevaremos la sentencia a la Femp y a la Fecam, a fin de analizar las implicaciones legales de dicho fallo que, aparte, generará que los vecinos salgan perjudicados si se privatiza el servicio, pues supondrá aplicar el 7% del IGIC al recibo, lo que incrementaría el pago ente un 13 y 20% sobre lo ya calculado”.
Hernández: “Este Ayuntamiento es el único con una concesión del servicio”
La portavoz municipal del PSOE, Patricia Hernández, celebró ayer haber ganado el recurso que obliga al Ayuntamiento capitalino a anular la tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife por ser “ilegal”. La socialista rebatió el argumento dado por el alcalde capitalino respecto a que el fallo afectará al resto de consistorios del país o que incrementará el recibo al obligarse al modelo de precio público. “Es mentira, estos impuestos ya van en la factura actual de Valoriza y, además no afecta a todos los ayuntamientos, solo al de Santa Cruz, que es el único que tiene una concesión del servicio por ocho años, con un coste de 141 millones de euros y no un contrato público”.
Por su parte, el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, subrayó que la reciente sentencia contra la tasa de residuos municipal “abre un marco de incertidumbre respecto al futuro, aunque la satisfacción es que el TSJC no ha cuestionado el trabajo técnico y la fórmula de cálculo puesta en marcha por el Ayuntamiento para la aplicación obligada e impuesta por el Gobierno central en el incremento de la tasa”.
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