Destacados dirigentes y militantes históricos del Partido Popular muestran su indignación por el acuerdo alcanzado en Madrid, que deja fuera de las candidaturas a representantes de la formación conservadora en las islas de Gran Canaria y Tenerife. El malestar apunta directamente a Manuel Domínguez, al que reprochan no haber defendido los intereses del partido en Canarias frente a las exigencias de Génova para cerrar un acuerdo también en el Archipiélago con Vox.
La decisión del Partido Popular de incorporar a candidatos de Vox en sus listas al Senado por Gran Canaria y Tenerife ha desatado un profundo malestar en sectores relevantes de la organización conservadora en Canarias, especialmente en la provincia de Las Palmas, donde destacados dirigentes y militantes históricos cuestionan abiertamente un acuerdo que consideran una imposición de la dirección nacional del partido.
La indignación se concentra en la decisión de reservar a Vox uno de los dos puestos que el PP puede presentar al Senado por Gran Canaria, desplazando de esta manera a dirigentes populares que aspiraban a formar parte de las candidaturas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El acuerdo, negociado por las direcciones nacionales de ambas formaciones, ha provocado una considerable marejada interna entre quienes consideran difícilmente justificable que el Partido Popular sacrifique a sus propios representantes para facilitar la entrada de candidatos de la formación de Santiago Abascal.
Las críticas apuntan directamente al presidente regional del PP, Manuel Domínguez, al que estos sectores reprochan no haber ejercido suficiente influencia ante la dirección nacional para impedir que Canarias quedara incluida en este pacto electoral. Consideran que las singularidades políticas del Archipiélago y la trayectoria de sus organizaciones insulares justificaban una posición diferenciada frente a los acuerdos alcanzados en Madrid.
La decisión resulta especialmente controvertida en Gran Canaria, donde Vox ha conseguido situar como candidata al Senado, bajo la fórmula de independiente, a Alba Moreno Santa, antigua responsable de comunicación del partido en el Ayuntamiento de Madrid durante la etapa de Javier Ortega Smith. Como suplente figura Yeray Antonio Suárez, consejero y portavoz de Vox en el Cabildo de Gran Canaria.
En Tenerife, el beneficiario del acuerdo es Francisco José García Paramio, ingeniero que ya concurrió al Senado por Vox en León en las elecciones de 2023. Su suplente será Isis María Luque, integrante de la dirección de Vox en Santa Cruz de Tenerife.
La fórmula utilizada permite a los candidatos propuestos por Vox integrarse en las listas populares como independientes, después de que expirara el plazo legal para registrar coaliciones electorales. A cambio, el partido de Abascal renuncia a presentar candidaturas propias al Senado en las siete islas del Archipiélago.
El pacto deja así al descubierto una alianza electoral entre PP y Vox que trasciende los entendimientos parlamentarios y los acuerdos de gobierno alcanzados en otros territorios. En Canarias, además, introduce un nuevo elemento de tensión en una organización que deberá afrontar la campaña electoral con el descontento de parte de sus propios cuadros y militantes.
Lo que en Madrid se presenta como una operación de estrategia electoral, en Gran Canaria se interpreta en determinados sectores del PP como una cesión a Vox a costa de sus propios dirigentes. Y mientras crecen las críticas internas, Manuel Domínguez queda situado en el centro de una controversia que cuestiona su capacidad para hacer valer el peso político del Partido Popular canario ante la dirección nacional.
El acuerdo ha terminado por hacer visible, sin disimulos ni ambigüedades, una realidad política: PP y Vox ya no solo comparten estrategias y objetivos electorales. Ahora también comparten candidaturas. Y en Canarias, el precio de esa alianza lo están pagando los propios populares.
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