Un total de 812 menores en situación de riesgo o vulnerabilidad reciben atención especializada a través de los equipos de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, según los datos aportados por el Servicio de Atención Social a fecha de octubre de 2026. La intervención se organiza en siete ámbitos territoriales de actuación. Ofra registra el mayor número de menores, con 250, seguido de Barranco Grande, con 197; Salud, con 115; Centro, con 78; Gladiolos, con 76; Añaza, con 59, y Anaga, con 37 menores.
Para reforzar esta atención, mejorar la capacidad de respuesta y favorecer una distribución más equilibrada de las cargas de trabajo, el Consistorio ha impulsado una reorganización de los equipos territoriales, acompañada de un incremento de los recursos humanos. Por ello, ha tramitado el nombramiento de cinco nuevos profesionales: tres de Psicología, uno de Trabajo Social y otro de Educación Social con el objetivo de reforzar la plantilla prevista para las distintas zonas de intervención, elevando a 23 el total de profesionales: ocho de Trabajo Social, ocho de Educación Social y siete de Psicología.
Estos equipos tienen como cometido detectar, valorar y atender posibles situaciones de vulnerabilidad o riesgo que puedan afectar al bienestar de niños, niñas y adolescentes. Para ello, desarrollan un trabajo de valoración, intervención y seguimiento de cada caso, con el objetivo de ofrecer una respuesta adaptada a las necesidades de cada menor y su entorno familiar.
El procedimiento comienza cuando el Ayuntamiento recibe una comunicación o detecta indicios de que un menor podría encontrarse en una situación de vulnerabilidad o riesgo. Estas alertas pueden proceder de distintos ámbitos, como los centros educativos, los servicios sanitarios o cualquier otro entorno que tenga conocimiento de posibles dificultades que afecten al bienestar del menor. Entre las circunstancias que pueden motivar una intervención se encuentran el absentismo escolar, la falta de atención a sus necesidades básicas o indicios de dificultades en el entorno familiar.
La prioridad de la intervención municipal es trabajar con la familia para corregir las dificultades detectadas y evitar que la situación evolucione hacia escenarios de mayor gravedad. Para ello, los equipos desarrollan un acompañamiento y seguimiento durante el tiempo que resulte necesario, estableciendo las actuaciones y medidas de apoyo que permitan mejorar las condiciones de vida y protección del menor.
Si tras este proceso las circunstancias persisten puede iniciarse una declaración de riesgo, que se trabaja en coordinación con la Dirección General de protección a la infancia y las familias del Gobierno de Canarias. El procedimiento contempla también la comunicación a la Fiscalía de Menores. En los casos más graves, se puede declarar la situación de desamparo y adoptar medidas de protección, incluida, cuando sea necesaria, la separación del menor de su entorno familiar y recursos de alojamiento y protección.






