Se llama Fernando Clavijo Batlle (La Laguna, 1971). Ha pasado de esperanza regeneracionista de Coalición Canaria (CC) a un lastre que puede enviar a este partido a la oposición por primera vez desde su llegada al poder autonómico en 1993, cuando la alianza entre distintas formaciones insularistas conservadoras y fuerzas progresistas logran formar Gobierno en Canarias tras prosperar una moción de censura al socialista Jerónimo Saavedra. Desde entonces, siempre gobernó gracias a que Madrid impidió cualquier alianza entre PP y PSOE. Este singular tripartito canario, donde CC siempre gana, ya no existe. El hartazgo ciudadano se ha traducido en la incorporación al Parlamento regional de fuerzas como Podemos, pero también de Nueva Canarias, que son aquellos progresistas que ayudaron a fundar CC y de donde se fueron al sentirse traicionados por los insularistas. Ante lo evidente de su lenta pero constante debacle, Coalición Canaria apostó en 2015 por la juventud del entonces alcalde lagunero, bendecida desde sectores empresariales gracias a la promesa de la controvertida Ley del Suelo, impulsada por Clavijo porque borra del mapa legislativo gran parte de los controles medioambientales que protegían hasta ahora el delicado territorio del Archipiélago. Aunque no son pocos los que ven en la Ley del Suelo como una puerta abierta a la corrupción, su breve pasado político ya le pasa factura a Fernando Clavijo. Porque, más que poner en duda la apuesta, puede hundir al casino entero.
La Laguna
Dice el exsenador del PSOE y hoy independiente afín a Nueva Canarias Santiago Pérez que el caso Grúas, asunto por el que Clavijo está en camino de convertirse en el primer presidente del Gobierno regional imputado, no es más que una muestra de toda una manera de gestionar el Ayuntamiento de La Laguna, tercera ciudad más poblada de Canarias y segunda de Tenerife, Isla donde nació ATI, que sigue siendo el núcleo duro de CC. Fue en su La Laguna natal donde llegó Clavijo a ser alcalde en 2008 gracias a la dimisión de su antecesora, Ana Oramas. Entre los dos dejaron el Consistorio endeudado, a tal punto que los impagos superan los 100 millones de euros y hoy está sometida a un riguroso plan de ajuste por el Ministerio de Hacienda.
El caso Grúas bien puede citarse como un ejemplo de corrupción municipal, por mucho que desde CC se hable de “cuestión administrativa” o incluso, al más puro estilo de Carles Puigdemont y los del procès, de “denuncia política”. Versa tal caso sobre delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, según detalla en su auto de 17 de octubre la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Al estar aforado Clavijo, la jueza lagunera que investiga el caso lo elevó el pasado viernes a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Un histórico de CC, su portavoz lagunero y concejal desde 1991, Antonio Pérez Godiño, ya ha sido citado a declarar como investigado. El actual alcalde, José Alberto Díaz (CC), también está denunciado.
Las grúas
Los hechos controvertidos del caso Grúas son tres decretos, dos firmados por Clavijo y el restante por Pérez Godiño, dado que Díaz, entonces concejal del Área, estaba de vacaciones. A pesar de los reparos de la Intervención Municipal, que advirtió sobre su ilegalidad, Clavijo decidió conceder un crédito de 120.000 euros y prorrogar la concesión a una empresa que entonces estaba controlada por siete empresarios, de los cuales cinco han reconocido bajo juramento que son sus amigos.
En su día, el anterior dueño de la concesionaria, José Padilla, denunció, tanto en el Juzgado como en una comisión municipal, que el Ayuntamiento le forzó a vender la empresa a los amigos de Clavijo tras retener el Consistorio pagos superiores a 200.000 euros, pero que fueron abonados en cuanto se produjo el traspaso de la compañía.
La llegada de los siete empresarios en 2011 fue una catástrofe para la empresa, Autogrúas Poli. Llegaron a deber más de 720.000 euros en total. No pagaban la Seguridad Social, el impuesto de Sociedades ni los tributos locales. Algunos empleados no cobraron en un año y las grúas no tenían las preceptivas tarjetas de transporte.
Los presuntos delitos
Fue en 2014 donde se produjeron los hechos que amenazan con retirar de la política a Fernando Clavijo. Aunque la empresa de sus amigos había incurrido en tantos incumplimientos graves que debía rescatarse el servicio, Clavijo optó por intervenir (secuestrar, en lenguaje jurídico) la concesión, tras lo cual llegaron los indiciariamente delictivos decretos del crédito y de la prórroga.
Clavijo no niega los hechos, limitándose a decir que lo hizo por interés general, dado que así evitaba que los trabajadores acabasen como personal municipal. Lo cierto es que por aquel entonces algunos de esos trabajadores ya habían denunciado a los amigos de Clavijo por el presunto saqueo de piezas en coches custodiados en un depósito municipal, motivo por el que los siete empresarios siguen imputados en otro juzgado lagunero.
De lo chusco de la historia da cuenta el que, para vender las piezas por Internet, usaban el mismo número de teléfono al que debían llamar los vecinos para solicitar los servicios de la grúa municipal. Cuando guardias civiles se hicieron pasar por compradores de una caja de cambios, acudió a la cita uno de los amigos de Clavijo, Esteban González, a su vez responsable del depósito municipal.
Reparos y troceos
El futuro tampoco depara buenas nuevas para Clavijo. En el horizonte cercano está otra querella por su querencia a levantar reparos de la Intervención Municipal y a trocear contratos para evitar los concursos en las adjudicaciones. Porque, a la esperanza de la regeneración de CC, le pesa mucho su corto pasado
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