Primero llegó la panadera, luego el aguador, hasta se acercó el cura de El Escobonal. En Santa Lucía-Los Barrancos era un día normal, de no ser por la aglomeración de unos 30 de vecinos en el entorno de la capilla que esperaban al alcalde de Güímar, Airam Puerta, con las notificaciones del desalojo bajo el brazo.
Un desalojo parcial que muchos entienden como inevitable y otros como “exagerado”, después de ocho años de espera tras el precinto ejecutado en 2011 y que ahora retoma otro alcalde, como entonces, socialista. En esta ocasión con los parabienes, según expuso a los vecinos, de Costas y Carreteras del Cabildo.
Airam Puerta se hizo de rogar, pero antes del mediodía llegó al pequeño núcleo del litoral de Agache, solo acompañado por Melania, de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, y sin policía local, sabedor que los vecinos admitían con resignación la orden dictada un día antes.
La funcionaria resumió el decreto a los vecinos, afectados o no por él, y fue repartiendo las notificaciones, “tanto a los propietarios catastrales como a los moradores” de las 21 viviendas a desalojar, desde el número 94 al 140, todas las que se encuentran en las calles Fula, Delfín y Tonazo, aunque están pendientes de seguir con la suspensión del precinto ocho de ellas (118,122, 124, 126, 134,136, 138 y 140), “pendiente de un análisis geotérmico que espero recibir en breve”, señaló el alcalde.
Todas las personas que viven en cada una de esas viviendas tienen tres días hábiles -hasta el martes- para hacerlo voluntariamente. La funcionaria recordó que la Policía Local se encargará de pasar una vez cada ocho días por el barrio para confirmar que se cumple con el desalojo. Recordó, igualmente, que el decreto reitera el que fue dictado en 2011 por Rafael Yanes, con algunos cambios como la aplicación del PEMU (Plan de Emergencias Municipal de Güímar), que en aquel año no estaba elaborado. Aquellos que tengan en Santa Lucía su única vivienda serán realojados por el Ayuntamiento, “porque ahora hay dinero en las arcas municipales, no como en 2011”, señaló Puerta, que evaluó el coste del proyecto de emergencia en 400.000 euros.
Algunos, como Juan Sánchez, insistía en que “nadie nos garantiza el tiempo que vamos a estar fuera de nuestras casas, ni siquiera si puedo venir a regar mis plantas”, indicaba ante el alcalde, siendo el más reivindicativo de cuantos hablaron en una reunión tensa pero pacífica, porque muy pocos, quizás el propio Juan, están en desacuerdo con la medida adoptada por el alcalde, que un día antes de firmar el decreto, acudió al barrio, acompañado por el vicepresidente vecinal, Rafael de Armas, para ir explicando los pasos a seguir.
El alcalde trasmitió a los vecinos que la reunión con Costas y el Cabildo había sido muy satisfactoria, con signos evidentes de colaboración, explicando además que “hay cosas que se han hecho en el pasado que nos sirven, como el proyecto que encargó el gobierno municipal anterior, porque hay una parte que es aprovechable, siempre que pidamos la autorización administrativa a Costas y no la concesión. En la primera nos sirve mientras sean obras fácilmente desmontables, mientras que en la concesión, con hormigón proyectado, necesitaríamos la concesión, que es un trámite mucho más largo. El técnico me ha dicho que el proyecto puede servir en un gran porcentaje para ejecutar la obra de emergencia desde la calle Fula hacia la curva en dirección norte”, refiriéndose solo a una parte de las casas que están debajo de la gran cueva y aquellas casas-cuevas que hay junto a la carretera.
Algún vecino le recordó que desde 2011 ha habido tres proyectos y ninguno se ha hecho, porque “el Cabildo nunca quiso poner un duro”, mientras Puerta desveló que “el Cabildo tampoco tiene la concesión de Costas de la carretera TF-616 y se ha comprometido a pedirla, por lo que eso también nos vendrá bien para aligerar las obras, que se harán por fases y espero que en toda la zona, para decir mañana que hemos recuperado las garantías de habitabilidad en Santa Lucía”, reconociendo que se puso en contacto con todos los portavoces municipales, e incluso Rafael Yanes, para anunciarles el desalojo. La exalcaldesa Luisa Castro está de acuerdo en realizar las obras de emergencia,, “incluso sin esperar a Costas”, pero es contraria al decreto de desalojo, manifestó anoche, anunciando que “tiene irregularidades y no se puede escudar en el PEMU”, comentó.
Los vecinos
“No tengo donde ir, me iré a dónde me digan, qué quiere que le diga”, señalaba Juan Domínguez, uno de los más veteranos del barrio, que tiene las piernas vendadas y apenas puede caminar, “No soy pesimista, soy realista; por aquí pasó el Delta y no cayó ni una piedra”, indicaba Juan Sánchez, uno de los que más combatió el desalojo que proviene de las grandes piedras caídas en 2011 precisamente muy cerca de su casa, casi dentro de la gran cueva. “Hay personas mayores que igual no lo entienden, pero es para nuestro beneficio y nuestra salud”, decía Carolina Castro, que ha dejado su casa en el pequeño núcleo costero a sus hijos, que ahora regresarán con ella a su casa mientras dure el desalojo. Una de las más afectada era la lituana Donatta, que ha quedado desamparada con su familia y sus hijos: “Compré la casa en 2016 y nadie me alertó de peligro; ahora no sé dónde ir”.
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