la palma

El pleno llanense se enroca en la búsqueda de una fórmula para defender el casco histórico

Todos los grupos políticos dijeron coincidir en la necesidad de mejorar la protección de los inmuebles, pero no en la receta a aplicar
Trabajos que se estaban ejecutando en un inmueble del siglo XVIII ubicado en la Calle Real de Los Llanos de Aridane, la antigua casa Gómez de Cáceres | DA

“Nadie cuestiona la necesidad de proteger el casco histórico”. Así se pronunciaba ayer en el pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane su alcaldesa, Noelia García Leal (PP), en relación a la propuesta defendida por el concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC), Felipe Ramos, de paralizar la concesión de licencias en la zona centro hasta actualizar el Plan de Protección que se aplica a sus inmuebles, toda vez que en los últimos meses se han ejecutado obras cuestionadas por expertos en materia de patrimonio. No obstante, lo cierto es que, a pesar de ser una tesis compartida por el resto de formaciones políticas representadas -PSOE y CC-, tan solo los socialistas respaldaron la iniciativa de Ramos; los nacionalistas se abstuvieron y los populares votaron en contra.

Si bien la moción de IUC también instaba a iniciar los trámites para revisar el Plan de Protección del Casco Histórico que está vigente -de 1996- y la actualización del catálogo de bienes patrimoniales, la posible suspensión de los permisos fue objeto de críticas por parte de CC y PP. Para Francisco Montesdeoca (CC), esta circunstancia podría tener una afección mayor a la necesaria para preservar los vestigios aridanenses. Y, a juicio del Gobierno local, su puesta en práctica conllevaría que se “penalizara” a los promotores que sí tienen intención de cumplir la normativa. Es más, la regidora, que actuó durante la sesión plenaria como portavoz del grupo popular, sostuvo que la “mayor garantía” de conservar los elementos arquitectónicos típicos de las Islas “es su uso”; “un casco lleno de vida, como hay en otras ciudades”.

Felipe Ramos aseguraba en su exposición de motivos que hubiera preferido no tener que presentar la moción, porque ello “significaría que nuestro patrimonio goza de buena salud”. Y dijo temer que la “presión urbanística” pueda implicar “que en muy poco tiempo la fisionomía del casco cambie y nos recuerde muy poco a lo que vemos hoy”. En este sentido, hizo referencia a la cantidad de licencias concedidas, señalando que en la presente legislatura se han emitido 10, “frente a las cuatro del mandato anterior”. Además, apuntó que la anulación del Plan General de Ordenación de 2010 por sentencia del Tribunal Supremo ha favorecido a que se pierda el escudo del patrimonio, unido al cuarto de siglo que ya tiene a sus espaldas el Plan de Protección, que tampoco se ha cumplido en su totalidad, pues no se ha constituido durante estos 25 años la correspondiente Comisión Municipal de Patrimonio.

“Siempre estamos escuchando disculpas, inconvenientes, aprobaciones anteriores, leyes caducas y un sinfín de aparentes tropiezos que parecen imposibles de corregir, con tal de no parar esa barbaridad que se nos echa encima. Todo se puede corregir, depende del entusiasmo, de tener la verdad en las manos y una valiente y honrada decisión. El único inconveniente, y eso ya lo sabe todo el mundo, es cuestión de compra y venta. ¿Tendríamos esperanza? ¿Podremos salvar ya lo que nos queda? ¿Es cuestión de visión inteligente? Creo que el caso no puede ser más evidente, descarado y elemental para darse cuenta de que ha llegado el momento de parar”, afirmó el edil de IUC parafraseando al polifacético artista canario César Manrique.

Posteriormente, los nacionalistas dijeron que hasta la fecha no se han pronunciado sobre la polémica por una obra llevada a cabo en una vivienda del siglo XVIII situada en la Calle Real por “prudencia y por respeto” ante la escasez de datos. Y, tras recordar que en los momentos previos a la aprobación del Plan de 1996 el patrimonio fue objeto de obras que atentaban contra su integridad, propuso incorporar a la moción de IUC -que alabó porque “no busca intereses políticos”- la constitución de la Comisión Municipal de Patrimonio; la consignación de una partida presupuestaria para apoyar a los ciudadanos en la conservación de los bienes patrimoniales y la creación de un departamento de control y disciplina urbanística adscrito a la Concejalía. Tres enmiendas que fueron aceptadas por la formación de izquierdas.

Eso sí, el portavoz de CC dijo sentir preocupación por que los populares han pecado de “dejadez” en lo que va de legislatura, por lo que cuestionó que fueran capaces de ampliar el catálogo de bienes patrimoniales y actualizar el Plan de Protección. “Nos surgen dudas. No por la necesidad de tenerlo que hacer, sino porque a día de hoy tenemos un grupo de Gobierno que para trabajar no es muy diligente con los plazos; tenemos el ejemplo del PGO, cuya adjudicación se ha dilatado en el tiempo. Imagínese el tiempo que nos llevaría iniciar la modificación”, recordó.

Por su parte, Robert Nazco (PSOE) lamentó “que se haya hecho esta caza de brujas” contra los promotores de la obra de la Calle Real, “cuando se viene desde hace años haciendo estas actuaciones”. Puso sobre la mesa, además, que “la vía más ágil” para contar con una norma contemporánea sin los plazos que se manejan habitualmente es “promover una ordenanza provisional, transitoria”, para luego incluir la protección en el PGO. Sin embargo, en esta ocasión el proponente sostuvo que no era partidario de buscar atajos y que, si se hiciera de esa forma, en el supuesto de decaer de nuevo el Plan General también lo haría la protección del casco, mientras que si se articula por separado esta se mantendría en pie.

Finalmente, la alcaldesa hizo un alegato en el que aseveraba creer “en la necesidad de ampliar la protección” y, por tanto, el catálogo. Pero achacó a “una cuestión subjetiva” que Felipe Ramos tildara de “presión” el aumento de la concesión de licencias. Y, en la misma línea crítica con IUC, manifestó estar en contra de dejar de emitir permisos: “Es verdad que en 1994 no había planeamiento protector del patrimonio y se suspendieron las licencias, pero la situación ahora es distinta”, arguyó, al tiempo que remarcó que el grupo promotor de la actuación en el inmueble del siglo XVIII, también conocido como casa Gómez de Cáceres, “infringió” el marco que se le había indicado; versión que los promotores negaron en declaraciones al DIARIO.

Noelia García Leal también recalcó que, a pesar de haber llegado a un acuerdo con el Cabildo para que, de manera provisional, la Comisión de Patrimonio insular revise los expedientes de solicitud de licencias, los informes que emita este órgano no serán vinculantes. Es decir, que será el Ayuntamiento quien resuelva, y se podría dar el escenario en el que esta resolución fuera contraria a la opinión de los expertos.

El pleno de ayer puso de manifiesto que, aun exteriorizando unánimemente su apoyo a la defensa del patrimonio histórico local, los grupos políticos no han hallado una fórmula común para resolver la problemática que, poco a poco, va mermando los bienes históricos con los que cuenta el municipio. Mientras tanto, las redes sociales se llenan de comentarios de ciudadanos cada vez más concienciados con estas posibles pérdidas, que continuarán esperando a una propuesta consensuada, la cual dependerá en buena parte de la voluntad de diálogo del grupo de Gobierno del PP, que en virtud de su mayoría absoluta, ayer tumbó la iniciativa de Izquierda Unida.

DOS DE LAS TRES PROPUESTAS DE SANCIÓN SON POR OBRAS SIN LICENCIA

En el transcurso del debate de la moción de IUC, la alcaldesa aridanense, Noelia García (PP), afirmó que dos de las tres propuestas de sanción incoadas por el Ayuntamiento por presuntas irregularidades en actuaciones sobre el casco histórico se llevaron a cabo “sin licencia de ningún tipo”, mientras que la obra de la casa Gómez de Cáceres de la Calle Real, de acuerdo con su alegato, tuvo lugar en términos que difieren con el permiso que fue concedido por el Consistorio. En ese argumento se apoyó la regidora para no considerar prioritaria la paralización de la concesión de licencias en dicha zona hasta elaborar una nueva norma protectora.

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