granadilla de abona

Una madre y un menor piden “justicia” ante un desahucio en Tenerife

Esta familia se enfrenta mañana a un lanzamiento judicial, pese a que lleva ocho años pagando el alquiler de una vivienda de protección oficial en San Isidro, vendida de manera irregular
Los vecinos llevan meses protestando por la situación irregular de las viviendas de Las Acacias. DA

Una madre con un hijo de 12 años residente en San Isidro (Granadilla de Abona) ha pedido públicamente ayuda a la sociedad y al Gobierno canario ante el inminente desahucio de la vivienda de protección oficial en la que reside junto al pequeño desde hace ocho años, con un procedimiento promovido por el que se considera su actual propietario, en el que ni siquiera ha podido defenderse en el Juzgado.


El lanzamiento está señalado para mañana, a pesar de que la vivienda, al ser de protección oficial, no podía ser vendida hasta el año 2043, y a pesar de que ella tiene un contrato a su nombre y de que está al día en los pagos del alquiler, aunque en la denuncia se habría utilizado un contrato a nombre de su exsuegro (ya que en el piso vivió también su expareja). La afectada se lamenta de que, por esta circunstancia, la jueza la considera una ocupa y por ello no ha podido presentar la documentación que acredita su versión.


Se trata de una de las 66 viviendas de protección oficial que construyó en su día Promociones Amojo SL y cuyos adjudicatarios han visto cómo sus hogares acabaron en manos de otras personas que dicen ser las nuevas propietarias. Los pisos han sido revendidos hasta tres y cuatro veces, aseguran estos residentes en San Isidro.


Las movilizaciones de estas 66 familias afectadas por la venta irregular de estas casas que alquilaron con opción a compra en 2013 provocaron la reacción del Gobierno de Canarias, que habían denunciado ya esta situación ante el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), al igual que en el Juzgado de Granadilla en 2019.


De hecho, el consejero Sebastián Franquis indicó en febrero que el Icavi iba a abrir un expediente sancionador contra Promociones Amojo SL por incumplir el real decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, al que se acogió esta promotora en 2013 para obtener una subvención a cambio de declarar a las viviendas de Las Acacias como de protección oficial y promoción privada. Y, además, anunció una demanda civil para que se declaren nulas las ventas sucesivas de estos inmuebles.


Pero este respaldo oficial no está impidiendo que los inquilinos sigan afrontando procedimientos judiciales de desahucio, como es el caso de esta madre, que cuenta con el apoyo de sus vecinos, agrupados en torno a la Plataforma Montaña Clara, y con el de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias.

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