La gestión de la emergencia volcánica de La Palma en 2021 ha llegado a los tribunales en vía penal. El despacho de abogados Martínez-Echevarría presentó a finales de febrero de 2023 una querella ante los Juzgados de Los Llanos de Aridane contra cargos públicos y científicos, -tanto su comité director como científico-, con responsabilidad en el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), por presuntos delitos de prevaricación, lesiones y daños.
Este equipo de juristas ha presentado la querella en nombre de la Asociación Tierra Bonita, con el respaldo de la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por la Erupción y la Asociación Agua para La Palma, previéndose que se personen más afectados tanto a título individual como colectivo, tal y como anunció ayer la asociación.
Con esta acción legal, los denunciantes pretenden demostrar que la erupción del Cumbre Vieja, aunque era inevitable, sí era previsible en términos de protección civil, pero “no se adoptaron las medidas oportunas que habrían minorado los daños materiales y a la salud de la población, así como a los animales, y no se habría expuesto a un grave riesgo de muerte a miles de personas”.
Argumentan los querellantes que “no se adoptaron las medidas necesarias frente al riesgo volcánico para proteger con garantías la vida y la salud de personas y de su patrimonio, hasta el punto de que ni siquiera se llevó a cabo una evacuación preventiva general antes de la erupción, pese a las evidentísimas señales objetivas de su inminencia, con una clara intensificación en los días y horas previos, y de que se había perimetrado la zona donde existía mayor probabilidad de ocurrir este peligroso fenómeno”.
Esta omisión del deber de velar por la seguridad y salud de los habitantes y de los animales, con un claro abandono colectivo, evidencia, a juicio de los querellantes, una “negligente, temeraria, imprudente y delictiva” actuación de las autoridades, que derivó en un grave perjuicio, no solo con la pérdida de bienes -al no haber permitido a los ciudadanos tener un tiempo prudente para salvaguardarlos (incluyendo la suscripción o mejora de pólizas de seguros)-, sino también en la salud y en el bienestar emocional y psicológico de los ciudadanos.
La querella recopila afirmaciones de científicos miembros del Pevolca y de instituciones científicas integradas en este operativo de emergencias, que, en declaraciones públicas tras la erupción, han dejado claro que era inminente.
La “negativa” del Gobierno de Canarias de dar a conocer a los afectados las grabaciones y las actas de los comités científicos y del director del Pevolca, así como las contradicciones y cambios de versión en que han incurrido alguno de estos expertos en intervenciones públicas tras la erupción, obedece, en opinión de los querellantes, “al intento de ocultar que se produjo esta presunta negligencia”.
En la denuncia se incluyen más de una treintena de testimonios de damnificados que se publicaron en el libro Las otras historias del volcán- editado por la productora I Love The World- que dan fe de la falta de información y el caos que sufrieron al verse sorprendidos por la erupción, de la que habían percibido con gran preocupación señales precursoras en forma de terremotos y ruidos bajo sus hogares en las horas y días previos, pero confiando en que iban a ser evacuados con antelación para no poner en riesgo sus vidas y poder poner a salvo sus enseres y objetos personales.
Y todo ello pese a que el protocolo del Pevolca establece con meridiana claridad que, en caso de erupción “inminente”, el nivel de alerta o semáforo volcánico debe pasar de amarillo a, cuanto menos, naranja, lo que implica la evacuación preventiva, recomendación esta que sí consta en el informe del Comité Científico del 19 de septiembre.
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