El miedo a ser desahuciadas ha vuelto para 11 familias de Las Canteras, en Buenavista del Norte, cuyas viviendas, pertenecientes a una promoción privada de Roycasa, fueron adquiridas por un fondo buitre el año pasado.
En el mes de mayo, la Justicia paralizó el primer desahucio, debido a que el proceso está lleno de irregularidades de todo tipo. La más grave es que supuestamente eran viviendas de protección oficial con calificación provisional, que nunca se elevó a definitiva, porque la promotora no realizó los trámites oportunos para obtener la cédula de habitabilidad y el certificado final de obra, necesarios para que el Ayuntamiento otorgue los permisos de primera ocupación de cualquier vivienda.
En el anterior mandato hubo voluntad por parte de una empresa de la localidad de comprar el edificio, aún conociendo su situación, para destinarlo a vivienda pública y la empresa pública Visocan se comprometió, por su parte, a adoptar los acuerdos necesarios para evitar que los vecinos se tuviesen que marchar y formalizar la operación en octubre de este año, según indicaron estos últimos.
De hecho, al mes siguiente hubo lanzamientos programados que se lograron detener a iniciativa de la empresa interesada. Sin embargo, al 4 de agosto y sin previo aviso, los operarios de la compañía de suministro eléctrico procedieron a cortar la luz del inmueble sin darles ningún tipo de explicación. Desde entonces, la obtienen de un grupo electrógeno que pagan con sus propios medios a razón de 190 euros mensuales por vivienda. De nada ha servido la denuncia que presentaron ante la Guardia Civil al considerar que se trataba de una ilegalidad porque perjudica a familias con menores y personas con un alto grado de dependencia. Para su sorpresa, el 18 de septiembre les avisaron de que se habían roto las negociaciones con la empresa interesada en comprar el edificio y volvían a haber lanzamientos, según confirman a este periódico los afectados. El primero de ellos está previsto para el 6 de octubre y los otros, para el 27 del mismo mes.
Según la alcaldesa, Eva García, en los tres meses que lleva al frente del Ayuntamiento han pasado varias empresas interesadas, “pero no había nada seguro” y el interés “se ha enfriado, porque la situación urbanística de la zona es complicada y hay una serie de cargas que hacen que la compra no sea atractiva”. Los afectados se han reunido con García y seguirán haciendo presión ante Visocan para pedir que se les reconozca el contrato de alquiler con el fondo buitre a todos los vecinos, ya que a algunos de ellos les dicen que no es legal al no estar registrado en el bien de la propiedad.
“El tiempo se nos viene encima y lo malo es que no hay elecciones y el cronómetro va más rápido. Antes nos prometían de todo, todos”, se lamenta una vecina.
La historia de estas familias se remonta a más de una década atrás, cuando un grupo de vecinos se suscribió al alquiler de una vivienda de Protección Oficial de promoción privada con opción a compra en una urbanización de cuatro edificios de Roycasa.
Para poder legalizarlos, era necesario que tuvieran salida hacia la TF-42. La empresa consiguió que el Cabildo le diera permiso para ejecutar una de carácter provisional y pudo legalizar solo dos de ellos, y los otros permanecieron cerrados, ya que no contaban con todos los permisos para ser habitados.
Entre 2012 y 2013, el Ayuntamiento detectó que la promotora había comenzado a alquilar esos pisos con contratos privados, una situación que se le advirtió a los vecinos. El 2022, Roycasa perdió la titularidad del edificio, adquirida por un fondo buitre, y, a partir de ese momento, comenzaron a luchar en los juzgados.
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