El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha dirigido al Gobierno de Canarias para solicitar, formalmente, la suspensión del planeamiento en los suelos ocupados por la Refinería de Santa Cruz, con el objetivo de avanzar en el desarrollo del Plan Santa Cruz Verde 2030, el mismo que permitirá el aprovechamiento de esos espacios para la ciudad una vez que la industria finalice el proceso de desmantelamiento en el que se encuentra inmersa.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, se ha dirigido tanto a la Presidencia del Gobierno de Canarias, como a la Consejería de Planificación Territorial, explicando la necesidad de buscar una fórmula que permita agilizar la ordenación de estos suelos, trabajando en ella de forma paralela al proceso de salida de la Refinería del municipio. “Estamos ante un proyecto estratégico que va a condicionar la expansión de la ciudad hacia el sur. No existe en Canarias un proyecto de este nivel desde el punto de vista urbanístico, ni desde el punto de vista del desarrollo urbano”, subrayó el regidor.
Bermúdez explicó a DIARIO DE AVISOS que “hemos pedido al Gobierno de Canarias que utilizando el artículo 168 de la Ley del Suelo, referido a actuaciones excepcionales promovidas por el Ejecutivo autonómico y atendiendo a razones de interés público, social y económico, las cuales se contemplan claramente en el Plan Santa Cruz Verde, se suspenda el planeamiento actual para poder proceder a la ordenación de los futuros terrenos que hoy ocupa la Refinería. Una solicitud que, con el apoyo del Ejecutivo regional, Cabildo, Autoridad Portuaria, Gobierno de España y Cepsa, propietaria de los terrenos, agilizará el proceso sin esperar a utilizar la vía ordinaria, que es la de tener que aprobar un Plan General que ordene esta zona desde el punto de vista urbanístico”.
En este sentido, añadió que “el Ayuntamiento trabaja en el futuro Plan General de Ordenación (PGO), aún en fase de avance, y que espero se apruebe en este mandato. Pero, en el caso de la Refinería, será más rápido utilizar el camino que permite la ley para proyectos de interés estratégico absolutamente justificados, con el fin de que el Gobierno suspenda y ordene el futuro planeamiento urbanístico de los terrenos. Nosotros vamos a acordar la ordenación, pero será el Ejecutivo quien lo lleve a cabo”.
Al respecto, el alcalde anunció que “se están produciendo reuniones previas con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, al igual que con la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en las que también está presente la concejala de Urbanismo, Zaida González. Ya hay un acuerdo de que este sea el camino para la ordenación urbanística de los futuros terrenos de la Refinería”, precisó.
En opinión del regidor “se trata de buscar un camino más rápido y ágil que adelante la aprobación de la ordenación urbanística prevista en el Plan Santa Cruz Verde 2030. Para ello vamos a recurrir a este atajo legal que contribuya a poder avanzar en el futuro de esta zona, ya que estamos hablando del proyecto urbanístico y de expansión de una ciudad más importante no sólo de Canarias sino de todo el Estado, en el que además se mezclan 575.000 metros cuadrados de terreno con el proceso de desmantelación estratégica a nivel nacional de una Refinería que ha necesitado la autorización expresa del Gobierno de España. Por tanto, creo que las razones están más que justificadas para utilizar ese camino y que en 2030 sea una realidad”, subrayó.
Bermúdez indicó que “queremos una ciudad sostenible y para eso es necesario el concurso de todas las administraciones implicadas en este gran proyecto. Por tanto, la petición para suspender los instrumentos del planeamiento en estos suelos de la planta petrolífera entendemos que es la forma más rápida para coordinar a todas las partes implicadas”.
El regidor recordó que en este proceso hay tres patas básicas: La desmantelación de la Refinería, que ya se está produciendo; la descontaminación de los suelos, que se lleva a cabo por parte de Cepsa; y la parte de la ordenación urbanística de los terrenos, aún pendiente. “Este último apartado es en el que nos centramos para poder cuanto antes decidir qué se va a construir y qué suelos vamos a dedicar a zonas públicas, parques, jardínes, instalaciones deportivas, viario, viviendas, hoteles o paseos. Por tanto, debe de ser el Gobierno quien lo haga y, además, le vamos a sugerir que se realice a través de la empresa pública Gestur, para que la propuesta se trabaje desde el punto de vista técnico junto con Cepsa y, una vez esté concluida, se apruebe para que comiencen las obras en la zona, contando con inversión pública y privada”.
Tramitación legal
En el documento enviado al Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento solicita al Gobierno regional la tramitación, en virtud del artículo 168 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (Lsenpc), del procedimiento de suspensión de los instrumentos de ordenación que afectan al ámbito de los suelos ocupados por la Refinería, a fin de lograr una ordenación en un único instrumento que dé respuesta a los objetivos del Plan Santa Cruz Verde 2030, y coordine las competencias e intereses de todas las administraciones (Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular y Ayuntamiento) y agentes implicados, cuya excepcionalidad se entiende absolutamente justificada.
Tal y como se especifica en el documento la consecución de los objetivos derivados del Plan Santa Cruz Verde 2030 debe pasar irremediablemente por una modificación de la ordenación vigente, no solo desde el punto de vista urbanístico (municipal) sino territorial (insular), a lo que se suma, además, la intervención de las administraciones con competencias sectoriales en el ámbito. De ahí que sea necesario un instrumento que aúne todas las derivadas de la ordenación de este espacio.
Las alternativas posibles recogidas en la Ley, analizadas por Urbanismo, pasan por la modificación del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), para que esos terrenos dejen de ser considerados de uso industrial, una solución que lleva aparejada la modificación puntual del planeamiento en vigor o de la inclusión en el nuevo PGO. En cualquier caso, esta opción “resulta compleja, además de su dilatación en el tiempo, puesto que en el caso de que efectivamente llegara a aprobarse, habría a posteriori que tramitar y aprobar la ordenación urbanística, coordinándola, con el resto de instrumentos que le afectan, con las limitaciones que ello supone de cara al modelo a plantear”.
Otra de las alternativas es declarar el Plan Santa Cruz Verde 2030 como un proyecto de interés insular, tal y como permite la Ley del Suelo, aunque no contempla que esa declaración sea usada para la implantación usos residenciales y turísticos alojativos, lo que no encaja con la proyección para ese espacio.
El Ayuntamiento defiende que “la excepcionalidad que preside la regulación de este instrumento se justifica en que, tal como se expuso con anterioridad, la recuperación de estos suelos para Santa Cruz de Tenerife puede constituir la operación urbanística más relevante de las próximas décadas, no solo a nivel insular y autonómico sino nacional, en la que no cabe duda que se aúnan el interés público, social y económico”.
Asimismo, Bermúdez apuntó que existe un precedente de solicitudes similares en Tenerife, como el de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos, “donde también actuó el Gobierno y ya se trabaja en la ordenación urbanística de la zona”.
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