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La grave crisis de vivienda en Adeje obliga a tomar medidas de excepción

El Ayuntamiento sureño pide al Gobierno de Canarias la declaración de “zona tensionada” para intentar frenar los alquileres desbocados y la falta de casas a precios razonables
La grave crisis de vivienda en Adeje obliga a tomar medidas de excepción

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, anunció ayer que propondrá al próximo pleno municipal comenzar los trámites para solicitar al Gobierno de Canarias la declaración de “zona tensionada de mercado”, la herramienta incluida en la nueva ley de vivienda, con el objetivo de limitar los precios de los alquileres, actualmente por las nubes en el municipio sureño y prácticamente en toda la comarca.


Esta medida, con validez de tres años prorrogables y cuya aprobación depende del Ejecutivo regional, permite la adopción de restricciones para controlar el mercado y orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos lugares donde exista un riesgo especial para la población por resultar insuficiente la oferta.


En ese sentido, Adeje considera que se dan los dos supuestos que establece la ley (aunque solo es necesario cumplir uno de los dos requisitos): que los habitantes dediquen al menos el 30% de sus ingresos a la vivienda o que el precio de compra o alquiler haya sufrido aumentos que superen en tres puntos el IPC de la Comunidad autónoma en los cinco últimos años.

SITUACIÓN CRÍTICA


Tras calificar de “crítica” la situación de la vivienda en su municipio, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, manifestó que la declaración de zona tensionada “permitirá un control en los precios del alquiler e incentivará también que los alquiladores pongan las viviendas en el mercado, porque tiene ventajas fiscales”, aunque reconoció que se trata de una “medida paliativa”, ya que, a su juicio, “no hay soluciones únicas que resuelvan este problema, que es muy serio”.


De hecho, el regidor adejero confirmó que, desde el ayuntamiento, se trabaja en un plan “más global y ambicioso”, que incluye la construcción de “más viviendas, habilitando el suelo que sea posible y llegando a acuerdos con otras administraciones y organizaciones que construyan casas para las personas trabajadoras”.


Desde la corporación local, se recuerda que el municipio ya ha proyectado, con la cesión de parcelas al Gobierno de Canarias, la construcción de 45 viviendas en Armeñime y prepara la habilitación de más suelo para “multiplicar esa cantidad”. El consistorio sureño subraya que, en las últimas tres décadas, se han puesto en el mercado más de 1.000 casas para personas trabajadoras.


En la moción, que se presentará al pleno del próximo 3 de abril, se especifica que la declaración de zona tensionada articula la posibilidad de que los arrenda,tarios rebajen un 5% las rentas del alquiler a cambio de bonificaciones fiscales, que podrían ascender hasta el 90%. La deducción sería del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años y, si el inmueble ha sido rehabilitado o mejorado, la bonificación será del 60%.


Por tanto, con esta declaración, Adeje, el municipio tinerfeño con mayor número de camas hoteleras, busca limitar los precios de los alquileres, generar ayudas a los propietarios de viviendas que las coloquen en el mercado y tramitar bonificaciones de impuestos, entre otras medidas, que ayuden a bajar los precios, evitando subidas desproporcionadas cada vez que se renueve un contrato de alquiler.

GOBIERNO DE CANARIAS


El Gobierno de Canarias no se mostró ayer muy entusiasmado con el anuncio realizado por el alcalde de Adeje, al considerar que “no tendrá un efecto real” sobre la vivienda y defendió su estrategia de “combinar” el decreto ley de medidas urgentes y la futura ley de vivienda vacacional, medidas, a su juicio, “más efectivas” que las declaraciones de zonas tensionadas. Así lo expresó, en declaraciones a la agencia Efe, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, al ser preguntado por la propuesta de Adeje.


Cabello indicó que el Gobierno de Canarias tendrá que estudiar esas peticiones “conforme vayan llegando” por parte de los municipios y abundó en que, en el seno del Ejecutivo regional, “iremos analizando las diferentes casuísticas que se vayan dando”, sin aclarar si hay un posicionamiento a priori, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han anunciado que no recurrirán al mecanismo de control de precios del alquiler.

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