La asociación de vecinos El Perenquén y el abogado Felipe Campos exigieron ayer al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el “desmantelamiento y recuperación de los casi 2 millones de euros que se destinaron a implantar la red ciclable en el centro de la ciudad, resolviendo el contrato con la empresa que ejecutó una obra que fue paralizada en noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)”.
Una exigencia que también han hecho extensible a la Zona Urban, anunciado acciones judiciales si, finalmente, el Consistorio no abre al tráfico las calles peatonales del casco urbano, delimitadas por pilonas y jardineras, que coartan la libertad de movimiento de las personas”.
Campos explicó que “tras la anulación de la nueva ordenanza de Movilidad, que obligó a parar el carril bici, es ilegal mantener la Zona Urban, implantada en los años 90 sin base legal alguna. Con la ordenanza que ha caído se intentaba legalizar la ejecución, pero al tumbarse la norma debe de desmantelarse al igual que el carril bici”.
Respecto a la red ciclable, detalló que “tras la reciente retirada por parte del Ayuntamiento del recurso de casación que presentó ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia que anuló la ordenanza, entendemos que estos son los siguientes pasos. Si no los cumplen tendremos que instar la acción forzosa”.
El abogado recordó que el pasado marzo, tras la denuncia presentada por El Perenquén, el TSJC tumbó la ordenanza de Movilidad por carecer de una memoria de análisis de impacto normativo, ya que se limitaban libertades de los ciudadanos”. Al caer la norma, que también regulaba la red ciclable, la asociación solicitó la ejecución provisional de dicha sentencia, reclamando, como medida cautelar, que se suspendieran las obras en el centro de la ciudad.
No obstante, dijo, “el Ayuntamiento va a intentar otra vez imponer el carril bici con la nueva ordenanza que está redactado, lo que desde el vista democrático tampoco tiene legitimidad, al querer implantar una medida restrictiva y contra la que toda la gente está en contra”.
Además, Campos hizo hincapié en que “sigue en curso” el recurso presentado contra la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), medida que “amparándose en reducir la contaminación, algo que es falso porque no hay, solo busca eliminar coches y aparcamientos en la ciudad”.
Por su parte, la presidenta de El Perenquén, Silvia Barrera, tildó de “gravísimo que el Ayuntamiento tome decisiones que afectan a más de 9.000 vecinos y comerciantes de la zona centro”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas