Las Islas refuerzan los controles en puertos y aeropuertos para frenar una práctica que no deja de crecer: el transporte ilegal de aguacates procedentes de la Península. Las sanciones pueden ser elevadas y alcanzar hasta los 120.000 euros, ya que está prohibido introducir este producto para su comercialización en el Archipiélago.
La norma no es nueva. Desde hace casi 40 años, Canarias cuenta con una legislación propia que restringe la entrada de frutas y verduras procedentes de fuera, con el objetivo de proteger la producción local y evitar posibles plagas o enfermedades que puedan afectar a la agricultura del Archipiélago. En el caso del aguacate, esta regulación deja al mercado prácticamente con una única opción: el producto local.
Un negocio ilegal en auge: hasta en maletas
Las autoridades advierten de que los intentos de introducir aguacates se han multiplicado. Se han detectado intentos de transporte desde equipajes personales hasta maletas de viaje, con la intención de venderlos clandestinamente en las Islas, donde su precio puede ser muy superior al de la Península.
Mientras que en mercados peninsulares el aguacate se puede encontrar en torno a los 5 euros el kilo, en Canarias puede alcanzar hasta los 15 euros, debido a la ausencia de competencia exterior y a la gran demanda.
El sector agrario respalda la prohibición
El Gobierno de Canarias defiende la necesidad de esta normativa para proteger la producción autóctona y su variedad más apreciada. La denominación de origen “aguacate canario” se paga mejor debido a su calidad y a los costes de producción. Los agricultores necesitan venderlo, como mínimo, a 5 euros el kilo para cubrir gastos, aunque el precio final en el mercado puede ser muy superior.
Desde el sector aseguran que los picos de precios altos solo se producen en momentos puntuales, especialmente cuando no hay excedentes. Aun así, los agricultores agradecen que se mantenga la prohibición de entrada de aguacates externos.
Más vigilancia en puertos y aeropuertos
La administración regional ha ordenado reforzar los controles en los principales puntos de entrada. El objetivo es claro: frenar un comercio ilegal que crece debido a la diferencia de precios entre la Península y las Islas y proteger al sector primario de Canarias, uno de los más sensibles del Archipiélago.
La advertencia es firme: traer aguacates de manera ilegal no es solo una infracción sanitaria. Puede costar hasta 120.000 euros.
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