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Tacoronte exige los permisos de la desaladora de Mesa del Mar

NC sostiene que fue el Ayuntamiento quien decidió paralizar la obra al pedirle información del expediente tras comprobar que las catas se habían realizado sin autorización municipal
La desaladora que se proyecta en Mesa del Mar pretende paliar la emergencia hídrica en el sector primario. DA
La desaladora que se proyecta en Mesa del Mar pretende paliar la emergencia hídrica en el sector primario. DA

El Ayuntamiento de Tacoronte ha exigido a la empresa Teideagua los permisos pertientes para continuar con la construcción de la desaladora portátil de Mesa del Mar, una obra proyectada por el Cabildo de Tenerife para paliar la emergencia hídrica que sufre el sector primario, junto con las contempladas en Fonsalía (Guía de Isora), Valle de Güímar, Valle de La Orotava y Granadilla.

Según la información trasladada por el concejal de Urbanismo, Tarsis Morales, “tras las quejas vecinales, el Consistorio pidió una reunión con la empresa, cuyos responsables explicaron todo el proyecto, consistente en dos pozos para detectar si hay caudal suficiente y poder instalar una desaladora de pequeñas dimensiones, que va dentro de una instalación de una galería de agua y un pozo absorbente para el tratamiento”.

Tras analizar la documentación facilitada por Teideagua en dicha reunión, el Ayuntamiento “consideró que eran necesarios una serie de informes sectoriales favorables que garanticen la ejecución de esta obra”.

Según Tarsis Morales, “al darse cuenta que no los tenían, la empresa paralizó las obras hasta que resuelvan los permisos que le permitan continuarlas y luego el Ayuntamiento, que abrió un expediente de actuaciones previas, analizará las consecuencias” que tiene la instalación de esta desaladora en este núcleo costero.

Sin embargo, Nueva Canarias (NC), el principal grupo de la oposición, asegura que fue el Gobierno municipal (PSOE-CC-PP) quien tomó esta decisión tras la solicitud de información del expediente requerida por su portavoz, José Daniel Díaz.

Este último señala en una nota que se pudo comprobar que las catas “se han llevado a cabo sin autorización y que los trabajos de la desaladora no han contado con las autorizaciones pertinentes, generando de forma precipitada su cese”. Añade que la actuación “carece de los trámites para llevar a cabo la ocupación de un espacio de dominio público”, “actuando como si hubiera carta blanca”.

“No constan informes sectoriales, ni del Consejo Insular de Aguas, ni de la Dirección General de Costas o de impacto ambiental”, insiste Díaz, quien achaca toda la responsabilidad al grupo de gobierno.

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